En 2024, el número de ejecuciones de penas de muerte alcanzó su cifra más alta desde 2015, según un informe de Amnistía Internacional. Este incremento fue principalmente impulsado por Arabia Saudí, Irak e Irán, que concentraron el 91% de las ejecuciones conocidas y continúan utilizando la pena capital para silenciar a la disidencia política. Aunque menos países llevaron a cabo ejecuciones en comparación con años anteriores, las cifras totales aumentaron, destacando el uso de este castigo por delitos relacionados con drogas, que constituye más del 40% del total de ejecuciones. En contraste, 113 países son ahora totalmente abolicionistas, reflejando una tendencia global hacia la abolición de esta práctica, con ejemplos como Zimbabue y Malasia que han adoptado reformas significativas en esta dirección.
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