El ex ministro del PSOE ha decidido no renunciar a su acta de diputado, lo que complicaría los procedimientos legales en su contra, ya que al mantener su condición de aforado, el caso debe ser trasladado a la Audiencia Nacional. Esta acción podría resultar en un retraso en el proceso judicial que se sigue en su contra, dado que un cambio de jurisdicción generalmente implica la reevalución de pruebas y una adaptación a la nueva instancia judicial. Esta estrategia de defensa subraya las complejidades del sistema legal cuando se trata de altos cargos con protección parlamentaria.
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