La reciente decisión de reducir la velocidad en un tramo específico del trayecto ferroviario entre Madrid y Barcelona ha generado controversia, ya que algunos la consideran una «declaración de autoinculpación». Esto sugiere que la medida podría estar reconociendo implícitamente problemas preexistentes en la infraestructura o en la seguridad del servicio. La reducción de velocidad ha sido implementada para aumentar la seguridad, pero también ha suscitado críticas por el impacto potencial en los tiempos de viaje y la eficiencia del transporte, poniendo a las autoridades bajo el escrutinio público y cuestionando la gestión y planificación del sistema ferroviario en uno de los corredores más importantes de España.
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