El abogado internacional Robert Amsterdam, conocido por su trabajo en más de 30 países, ha criticado severamente a la Agencia Tributaria española (AEAT), acusándola de emplear prácticas coercitivas que perjudican la inversión extranjera y el estado de derecho. En una entrevista con The Objective, Amsterdam denunció que el sistema fiscal español es un obstáculo para el emprendimiento y carece de garantías jurídicas adecuadas.
Según Amsterdam, los incentivos económicos que motivan a los inspectores fiscales a imponer sanciones, incluso si son anuladas posteriormente, fomentan una estructura regresiva. Además, señaló que los contribuyentes deben pagar sanciones completas antes de poder recurrirlas, dejándolos en una posición vulnerable.
El abogado alertó sobre las consecuencias económicas de este enfoque, como la fuga de talento y la desinversión, ya que muchas empresas prefieren trasladarse a países con políticas fiscales más predecibles. Además, criticó prácticas como la publicación de listas de deudores sin resolución firme y el embargo de cuentas sin notificación.
Estas críticas coinciden con preocupaciones expresadas por organismos europeos, como el Tribunal de Justicia de la UE, sobre la independencia de los tribunales económico-administrativos en España. La OCDE también ha examinado el sistema de bonus de la AEAT, considerándolo incompatible con los estándares de imparcialidad.
Amsterdam propone ocho reformas estructurales, incluyendo la eliminación de incentivos por sanciones y permitir recursos sin pago previo, para restaurar la confianza en las instituciones fiscales españolas. La falta de respuesta del Ministerio de Hacienda a estas alegaciones y la ausencia de revisiones del sistema subrayan la gravedad del problema.
Las declaraciones de Amsterdam han resonado en los círculos financieros y empresariales, poniendo en evidencia un posible riesgo reputacional para España en su competencia por atraer inversión extranjera. La percepción de arbitrariedad en la ejecución fiscal, y no los tipos impositivos, parece ser la principal preocupación para los inversores potenciales.
En este contexto, el abogado concluye que mientras la Hacienda española opere sin control democrático efectivo, el potencial económico del país seguirá sin aprovecharse adecuadamente.
