La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha intensificado la causa judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, acusándolo de nuevos delitos como «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación». La acción surge tras la incautación de documentos en un registro que involucra tanto su despacho como el de la fiscal jefa provincial de Madrid. La APIF solicita también al juez Ángel Hurtado que interrogue a García Ortiz y reclama protocolos de borrado de datos de los dispositivos de la Fiscalía. Alegan que la transferencia de información ocurrió con nocturnidad, utilizando medios no oficiales, como Whatsapp, lo que consideran una grave brecha de seguridad y califican de prevaricación administrativa, dado el uso indebido de órdenes verbales para redirigir información confidencial.
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Abusos de Poder: El Impacto del Apoderamiento Ilícito de Información y la Prevaricación en las Instituciones
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