El gobierno mexicano ha aprobado un conjunto de leyes que ha encendido alarmas debido a potenciales invasiones a la privacidad de los ciudadanos. Estas normativas, sancionadas en julio, facultan a las fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, para acceder a una vasta cantidad de datos personales, incluyendo información biométrica de todos los individuos, sin necesidad de sospechas de actividad criminal.
Una de las piezas más polémicas de esta legislación es la creación de una plataforma de inteligencia interconectada, la Central Intelligence Platform, que permite a las agencias de seguridad de todos los niveles del gobierno tener acceso a información confidencial de entidades públicas y privadas. Esta plataforma abarca datos como matrículas de vehículos, información biométrica, detalles telefónicos, registros financieros y datos de salud.
Presentadas como medidas para combatir el crimen organizado, estas leyes han sido objeto de crítica por organizaciones de la sociedad civil, como el grupo RD3 y Artículo 19. Los críticos advierten que se está estableciendo un sistema de vigilancia indiscutido que puede poner en riesgo los derechos a la privacidad y la libertad de expresión, y que además socava el principio de presunción de inocencia.
Un informe reciente destaca que la legislación también requiere que todos los ciudadanos en México se registren en un sistema de identificación biométrica, que incluye huellas dactilares y fotografías. Esta identificación será necesaria para realizar transacciones o acceder a servicios como banca, atención médica y educación. Asimismo, la Ley de Telecomunicaciones obliga a las empresas del sector a crear un registro que vincule los números telefónicos con identificaciones biométricas, previendo la suspensión de servicios a aquellos que no lo cumplan.
El acceso en tiempo real de las fuerzas armadas a esta plataforma permite una vigilancia extendida a través de bases de datos interconectadas en varios sectores. Las empresas, tanto nacionales como internacionales, están obligadas a compartir información o interconectar sus bases de datos con el gobierno, sin necesidad de autorización judicial previa.
Este marco normativo no solo habilita la vigilancia sin justificación aparente, sino que también impone sanciones por la difusión de información clasificada como confidencial. Ante este contexto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han hecho un llamado a vigilar y resistir este sistema de supervisión masiva, subrayando la importancia de la colaboración para salvaguardar los derechos fundamentales frente a regulaciones que consideran desmedidas.
