El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional han llegado a un acuerdo que permite al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir información sobre contribuyentes inmigrantes con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este acuerdo, contenido en un memorando de entendimiento de 15 páginas y revelado en un caso judicial, busca prevenir la divulgación no autorizada de información tributaria para la aplicación de leyes de inmigración. Esta práctica de utilización de datos gubernamentales plantea preocupaciones en una sociedad democrática.
El acuerdo fue justificado por el DHS con base en la Orden Ejecutiva 14161, emitida en enero de 2025, que ordena la identificación y remoción de individuos en el país ilegalmente. El memorando afirma que el DHS ha identificado a numerosas personas en esta situación bajo investigación por violaciones federales, específicamente por «no abandonar» el país. Así, el IRS podría revelar información que usualmente sería confidencial.
El intercambio de datos implica que ICE solicita información del nombre y dirección de un individuo, junto con razones por las cuales esta es relevante para la investigación. El IRS evalúa la solicitud para determinar su ajuste a las excepciones de confidencialidad.
Sin embargo, este acuerdo enfrenta críticas. Un informe del NYU Tax Law Center sugiere que el uso de la información fiscal para deportar a millones de personas excede las investigaciones criminales plausibles, indicando un propósito oculto. Además, la precisión de las solicitudes de ICE es cuestionable, dado errores pasados de detenciones equivocadas.
A raíz del acuerdo, se han presentado renuncias de altos funcionarios del IRS, en medio de preocupaciones sobre la protección de la confidencialidad tributaria. Este cambio de política compromete la confianza de los inmigrantes en el sistema fiscal, obligándolos a enfrentar la elección entre cumplir obligaciones tributarias y el temor a la deportación.
Esta decisión gubernamental no solo traiciona a los contribuyentes, sino que también refleja lecciones históricas no aprendidas, como el uso de datos censales en la Segunda Guerra Mundial para internaciones injustas. En un contexto donde el uso de grandes datos por el sector público pone en jaque el poder equilibrado entre el gobierno y el individuo, este acuerdo representa un intento más de aprovechar dicha vulnerabilidad.
