La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han resuelto con éxito sus discrepancias respecto a la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía gracias a un acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación. Este entendimiento ha sido anunciado por Rocío Díaz, consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, durante un evento en Granada. La resolución de estas diferencias ha evitado que la disputa se judicialice ante el Tribunal Constitucional, ya que las divergencias eran de carácter técnico y no afectaban los objetivos fundamentales de la ley.
El diálogo entre ambas administraciones ha sido clave para resolver los desacuerdos sin comprometer la política de vivienda de Andalucía, la cual busca aumentar la oferta y facilitar el acceso a viviendas asequibles. Díaz ha subrayado que la ley se elaboró con rigor y participación del sector, lo que generó confianza en que el diálogo institucional permitiría alcanzar una solución.
El acuerdo incluye ajustes técnicos en varios aspectos. En cuanto a la colaboración público-privada, se acordó aplicar los preceptos conforme a la normativa estatal sin necesidad de modificar la ley. La Junta también promoverá cambios en la regulación del archivo registral y el certificado energético para alinearlos con la normativa estatal. Asimismo, se ajustará la aplicación de la norma en comunidades de propietarios conforme a la Ley de Propiedad Horizontal. Finalmente, se eliminará la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Agentes Inmobiliarios Especializados para acceder a la actividad, adecuando la regulación a los principios de proporcionalidad y unidad de mercado.
La Ley de Vivienda de Andalucía, en vigor desde enero, busca aumentar la oferta de vivienda protegida, facilitar suelo, impulsar la rehabilitación y reducir burocracia, todo con un enfoque en la seguridad jurídica. Gracias al acuerdo, ambas administraciones pueden ahora enfocarse en abordar el problema del acceso a la vivienda, garantizando que los conflictos administrativos se resuelvan mediante el diálogo y beneficien a los ciudadanos de Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
