El acuerdo alcanzado en Bruselas puso fin a dos días de intensas negociaciones, donde España se manifestó enérgicamente contra la propuesta de la Comisión Europea de reducir los días de pesca en el Mediterráneo. Las discusiones reflejaron las tensiones entre la necesidad de conservar los recursos marinos y los intereses económicos de las comunidades pesqueras, resultando en un compromiso que busca equilibrar ambas prioridades. La resistencia española subrayó la importancia de la pesca para el país, mientras que el consenso final se percibe como un intento de aunar sostenibilidad y viabilidad económica.
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