Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado ante la Audiencia Nacional, revela que un chalé en Cádiz estaba involucrado en una operación destinada a influir en las decisiones del entonces ministro. Según el documento, la adquisición de la propiedad formaba parte de un esquema más amplio para «comprar la voluntad» del funcionario, en un intento por ejercer control sobre sus acciones ministeriales. Esta información surge en el contexto de una investigación más amplia sobre corrupción y tráfico de influencias dentro de las altas esferas del gobierno.
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