El Consejo de Gobierno ha evaluado el impacto del Decreto Ley 1/2025, centrado en medidas urgentes en materia de vivienda, al cumplirse su primer año de implementación. Esta normativa ha sido acogida por 180 municipios andaluces, quienes han adoptado diversas estrategias para facilitar la disposición de suelos y aumentar significativamente la oferta de vivienda protegida.
El principal objetivo del decreto era impulsar la oferta de viviendas protegidas a precios asequibles, abordando la creciente necesidad de acceso a un hogar. Para cumplir con este propósito, se proporcionaron herramientas a los ayuntamientos que facilitaran la disponibilidad de suelo urbanizado para tales construcciones, promovieran la agilidad en la edificación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y alentaran el uso residencial frente a otros usos durante un periodo de cinco años.
Con la aplicación del decreto, se han lanzado proyectos para la construcción de 8.256 viviendas y se han iniciado nueve iniciativas que buscan incorporarse a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), lo que permitirá la construcción de 20.000 viviendas más, de las cuales cerca de la mitad serán protegidas.
La normativa anticipó algunas medidas que posteriormente se incluyeron en la Ley de Vivienda de Andalucía, vigente desde el 24 de enero de 2026. Los municipios tuvieron hasta el 4 de marzo de 2026 para adoptar las disposiciones temporales del decreto, tales como cambios en el uso de suelo e incremento de densidad para nuevas viviendas protegidas.
En total, estos 180 municipios, que abarcan a más del 70% de la población andaluza, tienen un plazo de dos años para solicitar licencias de obras y tres años para ejecutar las promociones de viviendas protegidas. En este primer año ya se han desarrollado proyectos para 8.256 viviendas protegidas, sobre todo en capitales de provincia.
Asimismo, el decreto estableció una bolsa de suelos para vivienda protegida, presentada en septiembre de 2025, con datos de 13 municipios andaluces de más de 100.000 habitantes. Desde entonces, se han incorporado parcelas para la construcción de 43.313 viviendas, incluyendo dotacionales y terciarias, lo que se consolidará con la nueva Ley de Vivienda.
La UAP ha agilizado la tramitación de proyectos que cumplan ciertos requisitos, como la reserva de suelo para un mínimo de 250 viviendas protegidas y un cronograma para iniciar su construcción en menos de cinco años. Actualmente, un proyecto en Tarifa (Cádiz) para 514 viviendas, de las cuales 283 serán protegidas, ya ha sido incorporado en la UAP.
Por último, se implementaron medidas de simplificación administrativa que impactan en programas como el de Fomento del Parque Público de Vivienda en Alquiler, que desde 2019 ha resultado en acuerdos para 1.341 viviendas con una inversión de 38,8 millones de euros. Este decreto ha sido un precursor de la Ley de Vivienda de Andalucía, que busca ampliar aún más la oferta de vivienda mediante nuevos instrumentos y colaboraciones público-privadas.
Fuente: Junta de Andalucía.
