El Gobierno de Estados Unidos ha decidido no extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) a 300.000 venezolanos que lo obtuvieron en 2023, según documentación a la que accedió The New York Times. Kristi Noem, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, argumenta que las condiciones en Venezuela ya no justifican la designación. Esto dejará a miles de venezolanos, como Jackson Villamarín, en una situación vulnerable ante el riesgo de deportación y redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Aunque el anuncio oficial aún no se ha hecho, una vez proclamado, los afectados perderán sus beneficios en 60 días. La medida refleja la misión republicana de expulsar a millones de inmigrantes y se produce tras conversaciones entre funcionarios estadounidenses y Nicolás Maduro sobre deportaciones. La administración de Trump insiste en que no busca reconocimiento oficial del gobierno de Maduro, pero la recepción de deportados sugiere un cambiante enfoque hacia Venezuela. Abogados de inmigración esperan que la decisión pueda ser revertida judicialmente, como ocurrió en intentos previos de acabar con el programa TPS bajo el gobierno de Trump.
Leer noticia completa en El Pais.