El próximo 1 de enero de 2026 marcará un cambio significativo para los hijos e hijas de mujeres que han sido víctimas mortales de violencia de género en Andalucía, ya que entrará en vigor una ampliación en las prestaciones económicas destinadas a este colectivo. Anteriormente, la ayuda anual, que asciende a 5.000 euros, terminaba al cumplir los 18 años. Sin embargo, a partir del nuevo año, los beneficiarios podrán recibir esta ayuda hasta los 26 años.
Esta medida se ha hecho posible gracias a una enmienda de modificación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026, que fue aprobada en tiempo récord tras su anuncio por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en noviembre.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que la ampliación de la prestación tiene como objetivo asegurar el apoyo necesario para este colectivo tan vulnerable. López recalcó que las hijas e hijos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas enfrentan una situación particularmente delicada, caracterizada por un cambio drástico de vida y una frecuente vulnerabilidad socioeconómica.
Desde que se estableció este derecho en noviembre de 2023, se han concedido 37 prestaciones económicas a menores entre 3 y 17 años, beneficiando a 20 niñas y 17 niños. Las provincias de Sevilla y Málaga han recibido el mayor número de estas ayudas, con nueve y ocho, respectivamente. La distribución continúa con Almería que ha otorgado seis, Cádiz cuatro, mientras que Córdoba, Granada y Jaén han registrado tres cada una, y Huelva ha reportado una ayuda.
Los requisitos para acceder a esta prestación incluyen residir en Andalucía al momento del asesinato, ya sea la madre o los hijos e hijas. Los solicitantes deben tener menos de 26 años al momento de la solicitud, independientemente de cuándo haya ocurrido el crimen. Esta ayuda es compatible con otras ayudas públicas o privadas concedidas por el mismo motivo.
El importe de 5.000 euros anuales se concede tras una solicitud previa, sin considerar la renta familiar, y se efectúa en un solo pago anual. La prestación está sujeta a ajustes según el Índice de Precios al Consumo (IPC), siendo de 5.140 euros en 2025. Con estas mejoras, el gobierno andaluz reafirma su compromiso de apoyo a las víctimas de violencia de género y continúa fortaleciendo sus políticas de inclusión y protección social.
Fuente: Junta de Andalucía.
