Patricia Ramírez continúa su batalla legal y pública tras el asesinato de su hijo Gabriel Cruz a manos de Ana Julia Quezada en 2018. Ahora enfrenta dos procesos judiciales relacionados con Quezada: en Ávila, por la supuesta grabación de un documental en prisión con un teléfono móvil facilitado por funcionarios, y en Almería, por amenazas de muerte que Ramírez asegura haber recibido después de denunciar irregularidades en la cárcel de Brieva. A pesar de que la prisión niega los hallazgos, Ramírez ha obtenido testimonios que respaldan sus acusaciones. Su lucha se centra en impedir que Quezada perpetúe el daño y en recordar el legado positivo de su hijo, en un sistema que, según ella, falla en proteger a las víctimas de crímenes violentos.
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