Un reciente informe elaborado por la Fundación Centro Estudios SIMEG «Vicente Matas» analiza en profundidad las diferencias y la evolución de la inversión sanitaria pública en las comunidades autónomas (CCAA) de España en los años 2009, 2014, 2018 y 2022. Este estudio revela un panorama complejo respecto a la asignación de recursos en el sector de la salud que ha estado marcado por un periodo de recortes y una posterior, aunque desigual, recuperación.
Evolución de la inversión sanitaria
En 2009, año anterior a la crisis económica, la inversión promedio en sanidad pública por habitante se situaba en 1.441,72 euros. No obstante, como consecuencia de los recortes presupuestarios, esta cifra disminuyó drásticamente a 1.285,63 euros en 2014. A pesar de que la inversión ha comenzado a aumentar con la recuperación económica, en 2022 la inversión media de 1.769 euros aún no logra compensar el impacto de la inflación acumulada desde 2009, que alcanzó un 28,9%.
El mapa de la desigualdad: diferencias entre CCAA
Las disparidades en la inversión sanitaria entre las distintas comunidades autónomas son notables y persistentes. En 2022, el País Vasco lideró el ranking con una inversión de 2.142 euros por habitante, mientras que Andalucía ocupó el último lugar con solo 1.533 euros. Esta divergencia en la asignación de recursos sanitarios plantea preguntas serias sobre la equidad en el acceso a la atención médica en el país.
Atención Primaria, el pilar olvidado
La Atención Primaria, esencial para la prevención y el seguimiento de enfermedades crónicas, ha sufrido especialmente bajo el peso de los recortes y la falta de inversión adecuada. En 2022, la inversión media por habitante en esta área era de 253 euros, con el País Vasco nuevamente a la cabeza y Madrid en la parte baja. Aunque ha habido un incremento en la inversión desde 2009, este no ha alcanzado el ritmo de la inflación, afectando la calidad y accesibilidad de los servicios de Atención Primaria.
Hospitales: inversión desigual
La inversión en hospitales también ha mostrado un aumento significativo desde 2009, alcanzando una media de 1.074 euros por habitante en 2022. Sin embargo, las discrepancias entre CCAA continúan. Las comunidades del País Vasco y Asturias destacan en esta área, mientras que Andalucía y Castilla-La Mancha se encuentran en los peldaños más bajos. Esta desigualdad se traduce en variaciones en la disponibilidad de tecnología médica, en la capacidad de respuesta ante emergencias y en la calidad de la atención hospitalaria.
Farmacia: recortes que afectan a los pacientes
La inversión en farmacia, que abarca el gasto en recetas médicas, ha disminuido desde 2009, llegando a 260 euros por habitante en 2022. Galicia y Extremadura realizan mayores inversiones en este sector, mientras que Madrid y Cataluña están entre las que menos gastan. Estas reducciones pueden impactar negativamente el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales, creando desigualdades en el tratamiento de diversas enfermedades.
Remuneración del personal: el desafío de la retención de talento
La inversión en la remuneración del personal sanitario ha superado la inflación desde 2009, alcanzando los 858 euros por habitante en 2022. Sin embargo, el aumento en las plantillas, especialmente en enfermería, ha diluido el efecto positivo de este incremento en los salarios individuales. Adicionalmente, los recortes sufridos por los médicos durante la crisis no se han recuperado por completo, lo que complica la retención de talento en el sector y, en última instancia, puede afectar la calidad de la atención médica brindada.
El futuro de la sanidad en España: hacia un sistema más equitativo
Las importantes diferencias en la inversión sanitaria entre comunidades autónomas son el resultado de una serie de factores complejos, incluidas la dispersión geográfica, la insularidad y el envejecimiento poblacional. Sin embargo, estas razones no justifican la brecha existente en el acceso a una atención médica de calidad en el país.
Es imperativo que se establezca un sistema de financiación finalista de la sanidad pública que se base en criterios objetivos y transparentes, asegurando así la distribución equitativa de los recursos y garantizando una atención médica de calidad para todos. La inversión en sanidad es una responsabilidad social y económica que debe ser priorizada para asegurar el bienestar y el futuro de la sociedad.
Como sociedad, debemos entender que la inversión en sanidad no es simple gasto, sino una inversión estratégica en nuestra salud y bienestar colectivo. Solo a través de un compromiso firme con un sistema sanitario justo y sostenible, podremos garantizar el acceso a atención médica de calidad para todos los ciudadanos de España.
Para leer el informe completo, sigue este enlace.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
