El artículo critica duramente al Gobierno por su trato hacia la Guardia Civil, acusándolo de despreciar y denigrar a la institución mientras la utiliza como herramienta política, especialmente en tiempos de campaña electoral. Se señalan actos como la ausencia de ministros en funerales de agentes caídos y la calificación de sus muertes como «accidentes laborales» por parte de figuras políticas como María Jesús Montero. Además, destaca la negativa del PSOE para aprobar una propuesta que reconozca el trabajo de la Guardia Civil como profesión de riesgo, lo que les permitiría jubilaciones anticipadas similares a las de otros cuerpos policiales. El texto acusa al Gobierno de no proporcionar suficientes recursos a la Guardia Civil para combatir eficazmente el narcotráfico y considera esta actitud como una falta de respeto hacia un cuerpo que ve como ejemplo de dedicación y profesionalidad, sugiriendo que la indiferencia gubernamental podría estar motivada por sus diferencias ideológicas.
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