Más de un tercio de los andaluces, un 35,5%, conoce algún caso de vivienda ocupada, y existe una significativa demanda por su expulsión inmediata, según revela un reciente Barómetro Andaluz. La percepción de que los okupas están protegidos por la ley y el sentimiento de desprotección del derecho a la propiedad privada son comunes entre los encuestados. Además, la vivienda se sitúa como el tercer problema más grave de la región, después del desempleo y la sanidad. La Junta de Andalucía, liderada por Antonio Sanz, aboga por reformar la ley estatal que consideran permisiva con la ocupación ilegal y trabajan en una nueva Ley de Vivienda para aumentar la oferta y mejorar la seguridad jurídica. En cuanto a la inmigración, un 55,3% de los andaluces la consideran positiva, mientras que más de la mitad expresa satisfacción con sus condiciones laborales. Sin embargo, se muestran favorables a medidas que permitan una mejor conciliación laboral y más tiempo libre, como la reducción a una jornada laboral de cuatro días.
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