En Andalucía se vive un contraste significativo con el Gobierno central en lo que respecta a la planificación y aprobación de presupuestos. Mientras el Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, se prepara para presentar sus presupuestos por séptimo año consecutivo en tiempo y forma, el Ejecutivo de España, bajo la dirección de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún no ha entregado el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, a pesar de que el plazo constitucional ya ha vencido.
Esta falta de acción por parte del Gobierno central tiene graves consecuencias: la incapacidad de planificar inversiones y la paralización de la cofinanciación de infraestructuras esenciales. En contraste, Andalucía muestra un compromiso claro con la estabilidad y una gestión responsable, aprobando un presupuesto récord de 51.597 millones de euros que prioriza la inversión en sanidad, educación y crecimiento económico.
Octubre marcó el fin del plazo legal para la presentación del proyecto de presupuestos, estipulada en el artículo 134.3 de la Constitución. Sin embargo, la ministra Montero ha incumplido nuevamente esta obligación, una situación que se ha vuelto habitual en años anteriores. A medida que el Gobierno andaluz se alista para aprobar su Proyecto de Ley de Presupuestos, el de España se encuentra estancado, dejando a las comunidades autónomas en una situación de incertidumbre.
La ausencia de presupuestos estatales ha generado un efecto dominó en proyectos de infraestructura, la actualización de las retribuciones del empleo público y la llegada de fondos europeos, lo que se traduce en un entorno de inestabilidad institucional. En Andalucía, los efectos son palpables, con la falta de planificación estatal provocando el colapso de los nodos de transporte energético en varias provincias, lo que frena el crecimiento industrial y la construcción de nuevas viviendas.
En respuesta a este bloqueo estatal, el Gobierno andaluz no solo cumple con sus responsabilidades, sino que también establece nuevos récords de inversión, sobrepasando los 6.413 millones de euros, marcando un incremento del 10% respecto a 2025. Esto se traduce en que el 12,4% del presupuesto se destina a inversión pública, consolidando a Andalucía como un modelo de estabilidad.
Por otro lado, la inversión en sanidad alcanza cifras históricas, con 16.265 millones de euros, lo que equivale a casi un tercio del presupuesto. Esto permitirá la incorporación de más de 4.000 nuevos profesionales sanitarios, un hecho que contrasta notablemente con la situación previas a 2018, cuando la inversión en este sector se multiplicó por cuatro.
A pesar de la infrafinanciación que enfrenta Andalucía, evidenciada por la pérdida de más de 1.500 millones de euros anuales respecto a la media, el Gobierno de Moreno ha demostrado que es posible una gestión eficaz y responsable, incluso sin la colaboración del Ejecutivo central. Desde 2019, se han creado 440.000 empleos, se han establecido récords en la creación de empresas y se ha visto un aumento en las exportaciones y un crecimiento económico superior a la media nacional y europea.
El contraste en la gestión es palpable: mientras Andalucía se consolida como motor económico del sur de Europa, el Gobierno central parece ser un freno a su desarrollo. La falta de presupuestos no solo incumple la Constitución, sino que obstaculiza las acciones de las comunidades, limita inversiones estratégicas y genera inseguridad jurídica.
Juanma Moreno ha demostrado que la estabilidad institucional y la buena gestión dan resultados concretos: mejores servicios públicos, mayor inversión y un enfoque fiscal competitivo. Así, Andalucía avanza en su camino hacia el progreso, mientras otros se enfrentan al estancamiento. La conclusión es clara: el cumplimiento de las normas y la eficiencia en la ejecución son la clave para el éxito.
Fuente: Partido Popular Andalucía
