El Consejo de Gobierno ha revisado el reciente informe emitido por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que revela un impresionante incremento en las actuaciones de inspección urbanística y ordenación del territorio a lo largo del año pasado. Con un récord de 2.149 intervenciones, el reforzamiento de las inspecciones ha resultado en casi 500 precintos, mostrando una firmeza sin precedentes en la gestión de parcelas y edificaciones ilegales, un fenómeno que ha experimentado un aumento de 14 veces en comparación con 2018.
La Junta de Andalucía ha intensificado sus esfuerzos en la inspección autonómica para contrarrestar las adversas repercusiones sociales, ambientales y económicas del urbanismo ilegal. Este giro político ha llevado a una casi cuadruplicación de las actuaciones principales en materia de inspección desde 2018, pasando de 557 a 2.149 en 2024, lo que significa un incremento del 41% respecto al año anterior.
El uso de precintos se ha destacado como una herramienta clave en la estrategia autonómica desde su implementación en 2019, con 497 precintos aplicados en 2024, 130 más que en 2023. Estas acciones han sido vitales para detener la construcción de aproximadamente 500 viviendas ilegales en zonas rurales, desmotivando aún más el desarrollo o venta de nuevas parcelas ilegales.
La colaboración con entidades implicadas en la salvaguarda de la legalidad urbanística, como el Ministerio Fiscal, las fuerzas del orden y otros organismos sectoriales, ha sido continua. Durante 2024, se generaron 144 informes periciales relacionados con delitos urbanísticos a solicitud del Ministerio Fiscal o de la jurisdicción penal, facilitando un marco de acción coordinado y efectivo.
Este éxito se atribuye a una mayor presencia territorial por la descentralización de la inspección y una planificación estratégica más eficaz. La aprobación del Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026 ha definido prioridades como el control de parcelaciones ilegales en suelos rústicos y la protección del litoral y suelos preservados.
El uso de tecnología ha sido crucial, con la implementación de sistemas de detección de construcciones ilegales a través de imágenes satelitales de alta resolución, facilitando una intervención temprana por parte de la inspección. Paralelamente, los ajustes legales mediante la Ley 7/2021 han dotado a la Inspección de competencias directas y han reforzado las medidas preventivas, garantizando una acción rápida mediante medidas cautelares y la imposición de sanciones.
Estos avances reflejan el compromiso de la Junta de Andalucía en mantener una gestión territorial responsable y sostenible, buscando proteger el entorno y asegurar el desarrollo ordenado del territorio.
Fuente: Junta de Andalucía.
