El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado luz verde a la primera fase de implementación de la Ley Orgánica 1/2025, destinada a mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta transformación, puesta en marcha por la Junta de Andalucía, se enfoca en la reforma de los juzgados unipersonales para convertirlos en tribunales de instancia. La implementación ha requerido la reordenación de 4.000 funcionarios, un desafío que la Junta ha asumido sin respaldo técnico ni económico del Ministerio de Justicia.
La iniciativa cuenta con una inversión inicial superior a 54,4 millones de euros, afectando a 70 partidos judiciales que incluyen juzgados mixtos y de violencia sobre la mujer, representando el 82% de los juzgados andaluces. Esta reforma también ha transformado 94 Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia Municipales, expandiendo sus funciones, y las Oficinas de Registro Civil en unidades autónomas.
La segunda fase de la ley está programada para entrar en vigor el 1 de octubre de 2025, impactando a tres partidos judiciales en Málaga con unos 250 trabajadores. La fase final, prevista para el 31 de diciembre de 2025, incluirá las ocho capitales provinciales y otros municipios importantes, implicando a más de 5.000 profesionales, con un coste estimado total de 57 millones de euros.
La adaptación implica una reestructuración significativa de los espacios judiciales y la introducción de un nuevo modelo de Oficina Judicial. Se han incrementado 81 plazas en jurisdicciones con alta carga de trabajo, y se han negociado nuevas relaciones de puestos de trabajo con los sindicatos.
La Junta, ante la falta de apoyo del Gobierno central y con un presupuesto ya aprobado, ha creado una Unidad Administrativa de Apoyo, trabajando en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otras instituciones. Además, se ha ofrecido formación al personal y se mantiene una comunicación constante para asegurar una adecuada implementación.
Por provincias, se realizaron adaptaciones significativas en distintos juzgados de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, excluyendo las capitales provinciales en esta primera fase. Esta reforma representa un esfuerzo de gestión y presupuestario sin precedentes para mejorar la eficiencia y cohesión del sistema judicial en Andalucía.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
