En una reciente comisión parlamentaria, José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha abordado el desafío que enfrenta la Junta para implementar la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes de diciembre. Nieto subrayó que la adaptación de las sedes judiciales, los recursos humanos y los sistemas informáticos es un esfuerzo que no contó con consenso de las comunidades, destacando que Andalucía, con más de 744 órganos judiciales y 700 Juzgados de Paz, es particularmente afectada por ciertas incongruencias de la ley.
La Ley de Eficiencia, aprobada a finales del año pasado, obliga a tener completamente implementados sus cambios para 2025. Nieto criticó al Gobierno por no proporcionar fondos para esta adaptación, a pesar de que se solicitó la creación de 56 nuevos juzgados, sin obtener respuesta favorable.
El primero de junio es la fecha límite para adaptar los partidos judiciales con órganos mixtos en Andalucía, que suman 70, incluyendo 9 con un único juez que pasará a ser presidente de un tribunal de instancia unipersonal. Nieto calificó esta situación como un «oxímoron», señalando la falta de lógica en la creación de órganos colegiados con un único juez. Además, lamentó que la propuesta de Andalucía de agrupar varios partidos judiciales fuese rechazada, lo que hubiese permitido una mejor especialización sin perder sedes judiciales.
Existen diferentes fases en la implementación de la ley. La segunda fase involucra adaptaciones en Marbella, Fuengirola y Torremolinos, que deben completarse antes del 1 de octubre. Para los grandes partidos judiciales, incluyendo las ocho capitales provinciales, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril, la fecha límite es el 31 de diciembre. Nieto destacó que este esfuerzo se suma a otros ya en marcha para 2025, lamentando que España sea el único país de Europa que mantiene ciertos aspectos del sistema judicial.
Una transformación significativa que introduce la ley es el reemplazo de los Juzgados de Paz por oficinas judiciales municipales, otorgando más competencias y acercando el servicio de Justicia al ciudadano. Esto permitirá realizar declaraciones, acceder a informes del Registro Civil y facilitar la mediación sin necesidad de desplazarse a la localidad cabecera.
La implementación requerirá la adaptación de 156 sedes judiciales y la reorganización del trabajo de más de 9,000 funcionarios. La intención es que cada tribunal de instancia esté compuesto por un juez presidente que gestione el trabajo, apoyado por un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), con servicios de tramitación y ejecución para mejorar la resolución de sentencias pendientes.
Nieto enfatizó la necesidad de coordinar variados métodos de trabajo hasta que todos los juzgados estén adaptados y resaltó el esfuerzo que requiere la tercera comunidad más afectada por el sistema de financiación. En la próxima Conferencia Sectorial de Justicia, reiterará que el Ministerio debe asegurar un servicio de calidad uniforme en todos los territorios, sin actuar como una comunidad autónoma más.
En cuanto a la reforma de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), Nieto afirmó que Andalucía está liderando esta, gracias a la Estrategia de Mediación que fomenta la resolución de conflictos mediante el diálogo. La mediación se ha integrado en la Justicia Gratuita y se ha establecido el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), que ha evitado un millar de juicios. Próximamente, se pondrá en marcha el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) y se creará un registro de mediadores, fortaleciendo la mediación familiar intrajudicial y los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA).
Nieto destacó que el interés por la mediación ha crecido y ya está impactando en la tasa de litigiosidad en Andalucía, que ha disminuido desde ser la segunda más alta del país a la quinta.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
