Andalucía se prepara para hacer frente a las posibles repercusiones negativas del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en el sector agroalimentario. Ante esta situación, el Gobierno de la región ha decidido exigir la inclusión de cláusulas de salvaguarda que protejan a sus agricultores y ganaderos de los impactos adversos que puedan derivarse de dicho acuerdo.
El acuerdo, que ya cuenta con la aprobación del Consejo de la UE, se encuentra en proceso de ratificación por parte del Parlamento Europeo. Sin embargo, se prevé que su impacto será desigual en los distintos sectores agrarios y ganaderos de la región. En este sentido, la Junta de Andalucía ha manifestado su intención de trabajar estrechamente con estos sectores para solicitar medidas compensatorias, en caso de que sean necesarias, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
El consejero, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado la comprensión del Ejecutivo andaluz respecto a la preocupación que prevalece entre los agricultores y ganaderos. Fernández-Pacheco ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central adopte una postura firme para garantizar que se implementen cláusulas de salvaguarda que eviten trastornos en los mercados.
Además, el consejero ha enfatizado la importancia de prohibir importaciones que puedan perjudicar a los sectores afectados, de asegurar la reciprocidad en las exigencias normativas (en ámbitos como el sanitario, el ambiental y el laboral) y de fortalecer los controles fronterizos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos.
Con el objetivo de mantenerse en sintonía con el sector agroalimentario andaluz, que apoya los acuerdos comerciales siempre que sean justos y equilibrados, la Junta de Andalucía ha organizado una serie de reuniones. La primera de estas tendrá lugar el miércoles 14 de enero, en el marco de una mesa de interlocución agraria convocada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Durante este encuentro, se escucharán las inquietudes del sector y se trabajará en la elaboración de posibles medidas compensatorias.
Fuente: Junta de Andalucía.
