El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado enérgicamente su descontento respecto a un reciente acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Generalitat de Cataluña. El convenio contempla un plan de choque para Barcelona, que incluiría la creación de cinco nuevos órganos judiciales. Nieto considera este acuerdo como un «nuevo agravio a Andalucía y a los andaluces», ya que a su comunidad se le ha negado la creación de nuevos juzgados para el año 2025, a pesar de la alta tasa de litigiosidad que enfrenta.
Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del segundo trimestre del año, Andalucía se posiciona como la quinta comunidad autónoma con una tasa de litigiosidad superior a la media nacional. En contraste, Cataluña se encuentra por debajo de esa media. Ante esta situación, la Consejería de Justicia, junto con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), elaboró un listado de propuestas para la creación de 56 nuevos juzgados y 15 plazas de magistrados, destacándose como urgente y prioritario dadas las condiciones actuales.
A pesar de estos esfuerzos, Nieto denuncia que el Ministerio de Justicia no ha dado una respuesta oficial a las solicitudes andaluzas y que, informalmente, ha indicado que no se prevé la convocatoria de nuevas plazas para 2025. Este enfoque, según el consejero, favorece a ciertas comunidades autónomas, en detrimento de otras, como Andalucía, que también presentan considerables atrasos en materia judicial.
El consejero ha hecho un llamado al Ministerio de Justicia para reconsiderar y atender las demandas de la Junta de Andalucía. Asimismo, subraya la importancia de que todas las fuerzas políticas apoyen esta reivindicación para evitar un nuevo agravio hacia Andalucía. Nieto insiste en que no se buscan privilegios, pero tampoco aceptarían relegaciones respecto a los derechos ciudadanos.
Mientras tanto, el acuerdo de Barcelona planifica la creación de nuevos juzgados que se convertirán en definitivos con la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, intensificando así la sensación de desigualdad percibida por la Junta de Andalucía en la administración de recursos judiciales a nivel estatal.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
