El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto ley que modifica la Ley de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en la región. Esta nueva normativa busca establecer más criterios para la concesión de autorizaciones de vehículos de turismo con conductores (VTC), en respuesta al crecimiento exponencial de solicitudes en los últimos meses.
Hasta ahora, las autorizaciones seguían la proporción 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 taxis), pero dicha regla fue desestimada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2023. El tribunal determinó que los criterios deben estar fundamentados en razones de interés general, como la gestión eficiente del transporte, el tráfico, la protección del espacio público y del medio ambiente. A partir de esto, el legislador estatal estableció que mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de CO2 son ahora requisitos para otorgar autorizaciones de VTC.
El criterio medioambiental ha permitido modular el número de autorizaciones, pero el mercado ha cambiado con la proliferación de vehículos eléctricos. Desde junio de 2023, sólo se presentaron 23 solicitudes en la región, pero entre enero y abril de este año se registraron 1.373 solicitudes nuevas, frente a las 3.713 autorizaciones vigentes.
La excepción de vehículos eléctricos a los criterios medioambientales podría generar un crecimiento no controlado de autorizaciones, desestabilizando el sector y su relación con el taxi. Por ello, se desarrollará un estudio técnico para evaluar la oferta de transporte con taxis y VTC en Andalucía, estableciendo criterios objetivos para conceder autorizaciones, en conformidad con la legislación estatal que permite a las comunidades autónomas regular el transporte de forma adecuada.
En este contexto, se suspenderán temporalmente las autorizaciones ordinarias por un máximo de dos meses. Esta suspensión afectará nuevas solicitudes desde la entrada en vigor del decreto ley y aquellas aún en trámite. El objetivo es asegurar la sostenibilidad del sistema y determinar un equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda de servicios de transporte.
Fuente: Junta de Andalucía.
