El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha manifestado su entusiasmo por la elección de Córdoba como sede de la Conferencia Sectorial de Justicia. En esta reunión, se discute un nuevo modelo judicial para España tras la reciente aprobación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta normativa, considerada altamente transformadora y con plazos exigentes, requiere recursos adicionales y coordinación del Ministerio de Justicia para su implementación, según Nieto.
Nieto destacó que la ley implica la sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, lo que conllevará una reorganización del personal judicial. Este cambio demandará un considerable esfuerzo tanto en recursos humanos como económicos. Por ello, el consejero ha solicitado que el Gobierno central comparta estos costos y participe activamente en el proceso.
El consejero subrayó la dificultad de incluir el despliegue de esta normativa en los Presupuestos de Andalucía para 2025, debido a que fueron elaborados antes de conocer los detalles de la ley, que aún está en proceso legislativo. Aun así, aseguró que desde la Junta de Andalucía se realizará un esfuerzo considerable para que la región no se quede atrás.
Otra de las prioridades destacó por Nieto es la integración de sistemas digitales de tramitación judicial, lo que permitirá mejorar la interoperatividad entre órganos de distintos territorios. También enfatizó la necesidad de mantener la lealtad institucional y una comunicación constante entre el Ministerio y las comunidades autónomas, para evitar desequilibrios y problemas en las negociaciones con los sindicatos.
La ley, aunque no prevé un aumento del personal judicial, sí contempla una reordenación de las plantillas. Éstas se integrarán en unidades de apoyo para los tribunales de instancia y se crearán servicios comunes de ejecutorias. Según Nieto, abordar el retraso en la ejecución de sentencias es crucial, ya que representa uno de los principales problemas del sistema actual.
Nieto concluyó que todas las administraciones tienen la obligación de trabajar para que la justicia sea percibida por la sociedad de manera eficiente y acorde con las necesidades del siglo XXI.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
