La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha comunicado en el Pleno del Parlamento la postura de varias comunidades autónomas, incluida Andalucía, que han solicitado al Gobierno de España la implementación de una nueva Ley de Costas. Esta legislación debería reflejar la realidad territorial actual y proporcionar mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos y sectores económicos vinculados al litoral.
Durante su intervención, García explicó que el marco normativo vigente fue aprobado hace décadas y que, desde entonces, el contexto territorial y ambiental del litoral español ha cambiado significativamente, lo que hace necesaria una revisión de las herramientas de gestión actuales. Destacó que fenómenos como la regresión de las playas y la erosión costera, exacerbados por el cambio climático, requieren políticas públicas adaptadas a esta nueva realidad.
Un aspecto que ha generado preocupación ha sido la política de deslindes, que ha afectado a núcleos tradicionales, viviendas y actividades económicas en el litoral. García abogó por un nuevo marco legal que reconozca la diversidad territorial del litoral español y que equilibre la protección ambiental con la seguridad jurídica para los ciudadanos.
En su intervención, enfatizó la importancia de actualizar la normativa para reflejar la realidad territorial y competencial, tomando en cuenta el papel crucial de las comunidades autónomas en la gestión territorial y la protección del medio ambiente. También resaltó la necesidad urgente de convocar la Conferencia Sectorial de Costas para abordar conjuntamente los desafíos del litoral y establecer un diálogo con el Gobierno de España. García expresó el rechazo del Gobierno andaluz a las modificaciones propuestas del Reglamento General de Costas y el Reglamento de Estrategias Marítimas, argumentando que estas se han realizado sin el consenso adecuado con las comunidades autónomas.
García subrayó que cualquier cambio normativo en esta área debe involucrar activamente a las comunidades autónomas, dado que conocen de primera mano la realidad de las costas.
Un caso específico mencionado por García fue el deslinde en el entorno de Doñana, que ha incorporado una amplia superficie de marismas dentro del dominio público marítimo-terrestre, causando preocupación entre propietarios, agricultores y administraciones locales. La Junta de Andalucía ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esta medida. García insistió en que cualquier delimitación debe basarse en criterios rigurosos y un conocimiento profundo del territorio.
Concluyó asegurando que la Junta no cuestiona la necesidad de proteger Doñana, uno de los espacios naturales más preciados de Europa, sino que busca garantizar que las decisiones tomadas reflejen la realidad ecológica y geomorfológica del territorio. Afirmó que la conservación del litoral y de los ecosistemas costeros es una prioridad para su Consejería.
Fuente: Junta de Andalucía.
