Andalucía ha marcado un hito al dejar atrás el modelo de «usar y tirar», adoptando una economía circular robusta, respaldada por marcos normativos innovadores y una inversión sin precedentes. Este cambio de paradigma es ya visible en la gestión pública diaria de la Junta de Andalucía, con nuevas infraestructuras para la gestión de residuos, sistemas de recogida más eficientes y un firme compromiso con la reducción de residuos en origen. Todo ello, bajo el objetivo común de construir una región más moderna y respetuosa con el medio ambiente.
La transición hacia la economía circular está respaldada por la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada en 2023, la primera en España que adopta un enfoque integral y transversal sobre la circularidad. Según Carmen Jiménez Parrado, directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, esta ley redefine las formas de producción, consumo y gestión de recursos.
La ley, compuesta por 94 artículos, promueve medidas como la reducción del desperdicio alimentario, la prolongación de la vida útil de los productos, y la promoción del ‘derecho a reparar’. Además, introduce herramientas como una oficina de economía circular, un registro de análisis de ciclo de vida, y fomenta la simbiosis industrial, involucrando a administraciones, empresas y ciudadanos en un esfuerzo conjunto.
La Junta ha canalizado más de 217 millones de euros hacia este modelo circular, de los cuales 146,56 millones se han destinado a subvenciones para ayuntamientos, cruciales para la recogida separada y el cumplimiento de normativas europeas. Esta inversión ha facilitado la implantación de sistemas de recogida de biorresiduos, el desarrollo de instalaciones de tratamiento y mejoras tecnológicas en plantas existentes. Otros proyectos estratégicos, como el Plan de Puntos Limpios y el Plan de Estaciones de Transferencia de Biorresiduos, también han recibido una financiación significativa.
A nivel local, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha lanzado los Planes Locales de Economía Circular, respaldados por una Guía de Apoyo y más de tres millones de euros en subvenciones para ayuntamientos. La implicación municipal es crucial, y por ello, se ofrece asistencia con herramientas prácticas, formación y financiación directa.
En el ámbito internacional, Andalucía participa en el proyecto europeo Interreg Circular Minds, colaborando con países como Portugal, Países Bajos y Finlandia para incorporar criterios de circularidad en la contratación pública.
Además, la Ley de Economía Circular busca involucrar a la ciudadanía a través de campañas de sensibilización, educación en centros escolares, incentivos al consumo responsable y mecanismos de supervisión municipal. El objetivo es claro: fomentar nuevos hábitos de consumo y gestión responsable de residuos desde el origen. «El papel de la ciudadanía es crucial para el éxito de estas políticas», concluye Jiménez Parrado.
Fuente: Junta de Andalucía.
