El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto para la creación del Observatorio de Justicia Juvenil, un innovador proyecto que se erige como pionero tanto en España como en Europa. Este observatorio es el primero de carácter público en su tipo, superando las iniciativas existentes hasta la fecha, como la de Bélgica, que está bajo la gestión de una fundación privada. Su inauguración coincide con el vigésimo quinto aniversario de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que se celebrará el 12 de enero de 2025. Desde la implementación de esta ley, la Junta de Andalucía ha asumido las competencias de ejecución de medidas judiciales, logrando una reinserción cercana al 80% de los jóvenes, consolidando así el sistema de justicia juvenil andaluz como un referente nacional e internacional.
El nuevo observatorio está diseñado como un órgano colegiado de consulta y participación, vinculado a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Contará con la colaboración de múltiples departamentos de la Junta de Andalucía, incluidos los dedicados a educación, empleo, familias, formación profesional, políticas migratorias, infancia, juventud, salud y violencia de género, además del Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud. Este foro servirá para fomentar la comunicación y el intercambio entre entidades públicas y privadas, así como expertos del ámbito de la justicia juvenil, asegurando la disponibilidad de información actualizada de forma continua.
La estructura involucrará, además, a representantes de la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), universidades con programas de Derecho, Criminología o Psicología, y entidades que gestionan los centros y servicios andaluces destinados a la reeducación de menores.
Entre las funciones del observatorio están la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos provenientes del sistema de justicia juvenil, el impulso de investigaciones especializadas, la emisión de informes y recomendaciones no vinculantes, las actividades de sensibilización sobre los derechos de los menores y la evaluación de políticas públicas con el fin de mejorar el sistema. También se organizarán programas de formación para profesionales y encuentros para compartir experiencias en la reeducación de los jóvenes.
Un informe anual sobre la Justicia Juvenil en Andalucía, con estadísticas desde una perspectiva de género y un portal web específico para la difusión de estudios e investigaciones, formará parte de las actividades del observatorio. La constitución formal del observatorio se realizará dentro de un máximo de seis meses tras la publicación del decreto, y se reunirá ordinariamente al menos una vez al año, con posibilidad de crear grupos de trabajo específicos.
Andalucía ya ha sido innovadora en el ámbito digital con la implementación de un sistema informático centralizado, Prisma, que permite un seguimiento integral de los menores bajo medidas judiciales, facilitando el acceso a información actualizada y anonimizada. Actualmente, la Consejería de Justicia gestiona trece Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), con más de 700 plazas, y un nuevo centro está próximo a abrir en Málaga. Además, existen 17 grupos Educativos de Convivencia (GEC) y ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA), con convenios de colaboración en marcha con más de 220 ayuntamientos y ONG. En los últimos diez años, alrededor de 33.800 jóvenes han cumplido medidas de medio abierto en Andalucía.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
