Recientemente, se ha producido un acuerdo entre el PSOE y la Generalitat de Cataluña que otorga a esta comunidad competencias estatales en materia migratoria. Este hecho ha generado una fuerte reacción en Andalucía, que exige ser reconocida como la frontera sur de Europa. La Junta autonómica considera que esta decisión refleja un desprecio adicional del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las comunidades autónomas, particularmente hacia Andalucía, que también enfrenta desafíos significativos en la gestión de la migración.
El acuerdo, que fue ratificado en el Congreso, permite a la Generalitat asumir una serie de responsabilidades relacionadas con la gestión de fronteras y la atención a los migrantes. Esto incluye la gestión del Número de Identidad de Extranjeros (NIE), la supervisión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la coordinación de devoluciones de migrantes. Las autoridades andaluzas han calificado este traspaso de competencias como un «agravio comparativo», ya que comunidades como Andalucía también enfrentan presiones migratorias elevadas.
La portavoz de la Junta, Carolina España, no escatimó en críticas hacia el acuerdo, considerándolo como «la última cesión al independentismo». Exigió al Gobierno central que aclare las implicaciones de este traspaso de competencias, manifestando su preocupación por las consecuencias que estos movimientos pueden tener en el contexto político y social de España. Según España, las decisiones de Sánchez parecen estar motivadas por la necesidad de mantener su posición en la Moncloa a expensas de la cohesión territorial del país.
Andalucía, con su historia como una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular hacia Europa, ha planteado en diversas ocasiones la necesidad de ser declarada «frontera exterior». Este reconocimiento le otorgaría acceso a más recursos económicos y una mejor información sobre los flujos migratorios. Sin embargo, el Gobierno central ha desestimado esta petición, optando en cambio por otorgar competencias a Cataluña.
Las cifras reflejan la presión migratoria que experimenta Andalucía. En lo que va de año, 1.828 migrantes han llegado a la Península y Baleares por vía marítima, con un aumento del 17,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, muchos de los cuales desembarcan en puertos andaluces. La comunidad, que cuenta con tres Centros de Atención Temporal de Extranjeros, ha visto un incremento en la atención que brindan, recibiendo a miles de migrantes en sus instalaciones. Además, la problemática se agrava con la llegada de menores no acompañados a los centros de acogida, sin la correspondiente financiación estatal.
Otro punto de conflicto en esta situación es la interpretación del acuerdo entre el PSOE y Junts, donde se equipara a los andaluces que residen en Cataluña sin haber nacido allí con extranjeros. Esta consideración ha generado malestar en la Junta, que no entiende esta clasificación y la considera una falta de respeto hacia los 480.000 andaluces que viven en Cataluña.
Con la determinación de no seguir el ejemplo catalán en cuestiones de gestión migratoria y seguridad, la Junta ha dejado claro que no solicitará competencias en estas áreas, considerando que ello sería inconstitucional y exclusivo del Estado. Desde la consejería de Inclusión Social se advierte que el acuerdo con Cataluña podría convertir la política migratoria en un «mercado persa», lo que solo añadiría más complejidad a una situación ya delicada. La incertidumbre persiste sobre cómo afectará este rumbo a las comunidades que también lidian con la presión migratoria, planteando interrogantes sobre la coordinación interterritorial en este ámbito crítico.
Fuente: Partido Popular Andalucía
