El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado su malestar ante la negativa del Ministerio de Justicia a discutir la financiación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia durante la Conferencia Sectorial realizada en Barcelona. Nieto, respaldado por varias comunidades autónomas, había solicitado incluir este punto en el orden del día. Según el Ministerio, la ley «no tiene ningún coste y va a generar ahorro». No obstante, la Junta de Andalucía estima un desembolso de 60 millones de euros solo para la primera fase de implementación, que requerirá transformar 70 de los 85 partidos judiciales de la comunidad antes del 1 de julio.
El malestar de las autoridades regionales ha llevado a algunos consejeros a declinar participar en la reunión en protesta. Nieto subrayó la desconfianza hacia el Ministerio, planteando que si verdaderamente la ley es coste-neutral y promete ahorro, no debería haber objeciones a la implicación financiera solicitada por las autonomías. También criticó el argumento del Ministerio acerca de los fondos provenientes de la Unión Europea, destinados a la digitalización de la Justicia, que no guardan relación directa con la Ley de Eficiencia.
La situación urge debido a que el sistema judicial andaluz, que necesita adaptarse rápidamente al nuevo marco legal, recibe un volumen de casos casi equivalente al de las comunidades autónomas que no han transferido sus competencias en justicia. Andalucía cuenta con una extensa infraestructura judicial, compuesta por 85 partidos judiciales, 744 órganos unipersonales, y casi 10.000 funcionarios, entre otros actores del ámbito legal.
Con la entrada en vigor de la obligación de intentar resolver conflictos civiles y mercantiles antes de presentar una demanda desde el 3 de abril, Andalucía deberá asumir los costes de estos trámites, especialmente en el caso de la asistencia jurídica gratuita. Hasta ahora, la comunidad era la única que cubría estos gastos bajo ciertas condiciones desde enero de 2024.
Además, la Junta ha avanzado un Plan de Infraestructuras Judiciales (2023-2030) que contempla una inversión de 1.500 millones de euros para renovar sedes judiciales, adecuándolas al nuevo modelo promovido por la Ley de Eficiencia. La normativa también implica una reestructuración de las plantillas, con la creación de 80 nuevas plazas de funcionarios y sus respectivos complementos salariales, lo que representa un coste adicional anual de 3,5 millones de euros.
Este esfuerzo presupuestario lo lleva a cabo el Gobierno andaluz de manera independiente, ya que la reforma estatal fue publicada con los presupuestos autonómicos ya establecidos y en un calendario definido por el Ministerio con plazos muy apretados.
Fuente: Junta de Andalucía.
