El Gobierno de Andalucía ha dado un importante paso en su estrategia para mejorar el acceso a la vivienda protegida y asequible. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, anunció que el nuevo Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda impulsará significativamente la construcción de más inmuebles protegidos, permitiendo que las familias puedan acceder a precios razonables en un contexto de alta demanda residencial.
Durante la inauguración de un nuevo carril bici en Jaén, Díaz subrayó que el objetivo del Decreto-ley aprobado recientemente es “garantizar que haya más vivienda protegida accesible”. Para lograrlo, la normativa modifica los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos, lo que pretende hacer que la vivienda protegida sea más competitiva que la de renta libre, especialmente en municipios de más de 100.000 habitantes.
La actualización de los coeficientes territoriales ha pasado de cuatro a dos, facilitando así una regulación más ágil de los precios máximos. Esta medida tiene como meta atraer a promotores dispuestos a desarrollar viviendas asequibles, y se establece una diferencia mínima del 25% respecto al precio de la vivienda libre en capitales de provincia y otros municipios con alta demanda o actividad económica significativa. El propósito es que el precio de la vivienda protegida se sitúe en un nivel accesible para la mayoría de la población.
Además de estas medidas, el decreto estipula que los ayuntamientos de municipios con más de 100.000 habitantes deberán informar, en un plazo de tres meses, sobre las bolsas de suelo disponibles para el desarrollo de vivienda protegida. Esto busca proporcionar publicidad y transparencia sobre los suelos que se pueden utilizar para la construcción de VPO, facilitando la planificación urbanística.
Las bolsas de suelo incluirán tanto parcelas públicas como privadas, y también podrán entender terrenos dotacionales aptos para albergar viviendas. Los municipios deberán emitir una cédula urbanística que recoja el régimen aplicable y las particularidades de cada parcela, incluyendo el número posible de VPO. Una vez definidas estas bolsas, el Gobierno andaluz desarrollará convenios de colaboración con los municipios para gestionar eficientemente las políticas de vivienda.
Un aspecto destacado del Decreto-ley 1/2025 es la ampliación del rango de familias que podrán acceder a VPO mediante el incremento de los límites de ingresos anuales permitidos. Ahora, las unidades familiares podrán acceder a vivienda de régimen especial si sus ingresos no superan tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), mientras que para el régimen general son cinco veces y para viviendas protegidas de precio limitado, siete veces este indicador. Con el IPREM anual fijado en 7.200 euros, esto significa que familias con ingresos hasta 58.800 euros podrán beneficiarse, lo que representa un avance significativo para atender a sectores con dificultades para acceder a la vivienda.
El decreto también incluye regulaciones sobre la vivienda de uso turístico, estipulando que el uso residencial de una parcela no implicará automáticamente su destino a alojamiento turístico, salvo que el planeamiento urbanístico lo contemple. También permite a los municipios implementar restricciones por áreas para gestionar el crecimiento de la vivienda turística y suspender licencias si es necesario.
En conclusión, el nuevo marco normativo del Gobierno andaluz reafirma su compromiso con impulsar la vivienda asequible en la región. Rocío Díaz ha enfatizado que el Decreto-ley 1/2025 es un paso esencial para garantizar un hogar digno, especialmente en los municipios donde existe una alta demanda. Con la creación de bolsas de suelo, la ampliación de los beneficiarios, la regulación de la vivienda turística y la agilización de plazos de construcción, se abordan desafíos sociales y económicos cruciales, garantizando un acceso justo y equitativo a la vivienda en Andalucía.
Fuente: Partido Popular Andalucía
