La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, encabezó en Sevilla el pleno del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género. En la reunión, se presentó una revisión mejorada del Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género, que se ha ampliado para proporcionar una asistencia más integral.
Antes del inicio del pleno se guardó un minuto de silencio en memoria del bebé de dos años asesinado en Linares, un caso confirmado de presunta violencia vicaria. López condenó estos actos calificándolos de «sinsentido y horror». La semana comenzó con otro trágico incidente, el asesinato de una mujer en Estepa, también presuntamente por su pareja. La consejera hizo un llamado a la unidad social para erradicar la violencia de género.
Durante la sesión, se discutió sobre el protocolo enfocado en mujeres con discapacidad y se compartieron conclusiones de un estudio diagnóstico sobre ciberviolencia, que muestra un incremento de esta forma de violencia desde edades tempranas. El protocolo de atención específico para mujeres con discapacidad, activado en 2021, ha evolucionado para abarcar más áreas de acción, como salud, servicios sociales y educación, más allá del ámbito judicial inicial.
Se han añadido más indicadores de sospecha para mejorar la detección, y se ha ampliado el alcance de los profesionales informados, para que se unan a la red de alerta del Gobierno andaluz. Además, el protocolo ahora contempla hasta diez tipos de discapacidad, incluyendo trastornos de salud mental y parálisis cerebral.
En relación con la ciberviolencia, se presentaron los primeros resultados de un estudio coordinado por la Universidad de Málaga, en colaboración con otras universidades andaluzas, que incluyó encuestas a jóvenes entre 13 y 25 años y entrevistas con diversos profesionales. La consejera destacó la importancia de la educación en valores para prevenir conductas tóxicas.
El Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género incluye representantes de varias consejerías, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía y colegios profesionales, entre otros. Sus funciones abarcan desde la recogida y análisis de información sobre violencia de género hasta la formulación de recomendaciones y asesoramiento a la Junta de Andalucía, buscando mejorar las políticas preventivas y la atención a las víctimas.
Fuente: Junta de Andalucía.
