El Real Decreto-ley 2/2023, en vigor desde el 1 de enero de 2024, ha supuesto un cambio significativo en el reconocimiento de los periodos de formación de los estudiantes en España. Esta normativa establece la obligatoriedad de la cotización a la Seguridad Social para todos los alumnos en prácticas, independientemente de si estas son remuneradas o no, generando un impacto relevante tanto en el ámbito académico como en el laboral.
La medida busca integrar las prácticas formativas dentro de la trayectoria laboral de los estudiantes, permitiendo que el tiempo dedicado a su formación contribuya a su futura jubilación. Esta regulación afecta tanto a estudiantes universitarios como a los de formación profesional, otorgándoles una cobertura social que, aunque no incluye el desempleo, sí abarca otros aspectos esenciales.
Asimismo, quienes realizaron prácticas antes de 2024 tienen la posibilidad de suscribir un convenio especial que les permite contabilizar hasta cinco años de cotización. Según datos de El País, en el primer año de aplicación de la norma, 925.000 becarios no remunerados han sido dados de alta en la Seguridad Social, lo que refleja el alcance de esta reforma. En el ámbito autonómico, Andalucía se sitúa como la tercera comunidad con mayor número de estudiantes en prácticas, representando un 14,70% del total nacional e integrando a 135.827 becarios en el sistema de cotización.
Un cambio con implicaciones a largo plazo
Aunque la medida representa un avance en derechos, también ha generado retos. Las universidades han alertado sobre el aumento de la carga administrativa y financiera, asumiendo en muchos casos el 5% no bonificado de las cotizaciones. Por su parte, las empresas han debido ajustar sus procesos para dar de alta a becarios remunerados y no remunerados, con una bonificación del 95% que reduce el impacto económico.
En este contexto, las soluciones avanzadas para la gestión administrativa, como son los sistemas de control de horarios y planificación de turnos adoptan una importancia significativa. “Las empresas necesitan gestionar de manera eficiente los horarios de trabajo juntamente con las universidades, por ello, estas herramientas y terminales innovadoras ayudan a reducir cargas cooperativas que cumplan con las nuevas normativas”, afirma Marcelo Dos Reis, CEO de Grupo Spec. Este nuevo enfoque equipara derechos entre trabajadores y becarios y promueve una mayor integración de los jóvenes en el mercado laboral. A pesar de los desafíos iniciales, se espera que esta medida fortalezca la seguridad económica de las futuras generaciones, siempre que se acompañe de recursos adecuados para garantizar su sostenibilidad
