El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado en Málaga que la Junta de Andalucía solicitará nuevamente al Gobierno central la creación de «entre 70 y 80» plazas judiciales adicionales. Esta medida busca aliviar la sobrecarga de los tribunales andaluces, especialmente después de un año en el que el Gobierno de la Nación no ha establecido nuevos órganos en la región. La cifra exacta se acordará con el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA) durante la Comisión Mixta.
Nieto ha destacado que, para 2025, se solicitaron 56 nuevas plazas, pero el Ministerio no aprobó ninguna, lo cual ha perjudicado la calidad del servicio y los tiempos de respuesta. Contrasta esta situación con Cataluña, donde se aprobaron 60 nuevos jueces. Además de estas unidades judiciales, Nieto ha pedido reforzar los juzgados de Violencia de Género, que ahora también gestionan delitos sexuales.
El consejero se ha reunido con autoridades judiciales y colectivos profesionales en Málaga para discutir el despliegue de los nuevos tribunales de instancia, como parte de la Ley de Eficiencia de Justicia. Este proceso ha supuesto un significativo esfuerzo financiero, que hasta ahora ha sido asumido por las comunidades autónomas, aunque la ley fue impulsada por el Gobierno central.
Nieto explicó que en julio concluyó la primera fase de implementación de dicha ley, adaptando plantillas, sistemas informáticos y espacios en 70 de los 85 partidos judiciales, incluidos siete en la provincia de Málaga (Antequera, Archidona, Coín, Estepona, Ronda, Torrox y Vélez-Málaga). Antes del 1 de octubre, tres más deben ser adaptados en la provincia (Marbella, Torremolinos y Fuengirola), y a finales de año, se aplicará en los 12 partidos restantes.
El coste total ascenderá a unos 56 millones de euros, un gasto que Andalucía enfrenta en solitario. No obstante, Nieto asegura que se pondrán todos los medios necesarios para que la región, especialmente Málaga, reciba el servicio de justicia que merece.
La Junta está implementando el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, con Málaga como prioridad debido a su situación judicial, que ha sido «francamente mala». Entre los proyectos destacan actuaciones en Marbella, Torremolinos, Torrox, Estepona y Fuengirola, además de la ampliación de la Ciudad de la Justicia en la capital.
Fuente: Junta de Andalucía.
