En la provincia de Teruel, un pueblo se ha visto forzado a cerrar su principal fuente de ingresos debido a las políticas de reducción de emisiones impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de la promesa de un Plan de Transición Justa, los residentes aseguran que no se ha llevado a cabo ninguna iniciativa efectiva para mitigar el impacto económico. La falta de oportunidades ha provocado un éxodo de la población joven, que se traslada en busca de un futuro mejor, dejando a la localidad enfrentándose a un envejecimiento demográfico y una incertidumbre creciente sobre su sostenibilidad económica.
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