La situación de los servicios públicos en Andalucía ha alcanzado un punto crítico, según las declaraciones recientes de Ángeles Férriz, portavoz del Grupo Socialista. Durante una rueda de prensa en el Parlamento, Férriz señaló que el gobierno de Juanma Moreno Bonilla enfrenta no solo un creciente descontento social, sino también un problema judicial serio. Este último se relaciona con las irregularidades en los contratos de emergencia que el PSOE ha denunciado y que actualmente son objeto de investigación por parte de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción.
Férriz destacó que miles de andaluces padecen los efectos de la mala gestión de los servicios públicos, particularmente en el ámbito de la sanidad. «Hay andaluces que lo están pasando verdaderamente mal y se han dedicado estos años a robar el dinero a los enfermos de nuestra tierra para dárselo a las empresas privadas. El negocio lo hacían con nuestra salud y con nuestra vida», afirmó con contundencia.
A través de sus declaraciones, pidió un debate general en el Parlamento sobre los contratos sanitarios, sumándose a las 130 iniciativas que el PSOE ha presentado, las cuales han sido desestimadas. “Mientras el gobierno de Moreno Bonilla oculta la verdad y miente, la soberbia y altanería del PP se enfrentan a un nuevo actor: un juez y la Fiscalía Anticorrupción”, advirtió.
Férriz recordó que los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el mandato de Moreno Bonilla están actualmente imputados, lo que ha llevado a cuestionar la gestión de la actual consejera de Salud, Rocío Hernández. Ella, al igual que su predecesora, Catalina García, está relacionada con las adendas a contratos irregulares firmados en 2024.
El foco de las críticas se expandió hacia Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento, a quien Férriz acusó de bloquear iniciativas que buscan aclarar las irregularidades, a pesar de haber sido él mismo responsable de Salud durante el tiempo que se gestaron estas controversias. “Si no hay nada que ocultar, ¿por qué los vetos?”, se preguntó.
Esta falta de transparencia se traduce, según la portavoz socialista, en decisiones políticas que han derivado en un deterioro del sistema público de salud en la región. “Contratar irregularmente durante años, cuando la Intervención dice que no puedes, es una decisión política que tiene sus consecuencias”, subrayó. La crítica hacia el PP se cierra con la demanda de que Moreno Bonilla explique el escándalo que rodea la asignación irregular de 1.500 millones de euros a la sanidad privada, un asunto que el PSOE está decidido a llevar hasta las últimas consecuencias.
La situación actual refleja un panorama complejo en la gestión de los servicios públicos en Andalucía, donde la demanda de rendición de cuentas y transparencia se hace cada vez más urgente. La presión sobre el gobierno andaluz y la atención mediática sobre estos problemas podrían ser determinantes en el futuro político de la región.
Fuente: PSOE Andalucía
