Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, CCOO y UGT han mostrado su rechazo al Proyecto de decreto que regula la atención educativa en centros ubicados en Zonas con Necesidades de Transformación Social, así como las actuaciones dirigidas al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad. Estas entidades han presentado una enmienda a la totalidad en el Consejo Escolar de Andalucía por segunda vez, después de haber expuesto sus argumentos en la Comisión Permanente de este organismo y tras la revisión del documento en la Mesa Sectorial.
Los sindicatos afirman que, a pesar de que el proyecto ha sido objeto de un extenso debate con la Administración educativa andaluza, en la fase final de su tramitación, la Consejería de Educación ha adoptado una postura inflexible. Durante la última Mesa Sectorial, celebrada el 21 de noviembre, así como en la Comisión Permanente del Consejo Escolar, la administración ha optado por mantener el texto sin realizar modificaciones significativas y ha tomado decisiones prácticamente cerradas, a pesar de la oposición expresada por los sindicatos. Además, critican la falta de transparencia en cuanto a información esencial, como el número de centros afectados, lo que dificulta una evaluación precisa del impacto del decreto.
Uno de los principales puntos de disputa es el modelo de financiación propuesto. CSIF, ANPE, CCOO y UGT consideran inaceptable que un decreto destinado a centros de alta complejidad se financie con fondos europeos temporales, como el FSE+, y dependa de la disponibilidad presupuestaria, según lo estipulado en la Disposición Adicional Primera. Este enfoque financiero, según los sindicatos, compromete la efectividad y sostenibilidad de las medidas, convirtiendo el decreto en un marco sin garantías reales y que podría acabar siendo «papel mojado».
Además, critican la redacción del texto, que introduce inseguridad jurídica y no garantiza los recursos humanos y materiales necesarios para que las intervenciones sean efectivas. Resaltan que la atención a la vulnerabilidad educativa requiere de recursos estructurales y una planificación adecuada, en lugar de depender de convocatorias anuales.
Entre otros puntos críticos, rechazan la metodología para determinar los centros incluidos, que se basa en un listado anual de “difícil desempeño” que puede cambiar unilateralmente cada curso. Esta variabilidad, advierten, genera inestabilidad en los proyectos educativos y dificulta la consolidación de recursos específicos para la atención de los alumnos más vulnerables. Piden mayor transparencia en la definición de los criterios que afectarán a los centros.
Los sindicatos también se oponen a la inclusión de un artículo que permite nombramientos anuales de miembros del equipo directivo en comisión de servicios, lo que podría afectar a la movilidad del profesorado y a la igualdad de oportunidades entre estos. Asimismo, alertan sobre incoherencias internas en el texto, como la exigencia de permanencia consecutiva para incentivos, mientras se permite que la condición del centro cambie, afectando la validez de dichos incentivos.
Por todo ello, han exigido la retirada del proyecto y el inicio de una negociación real que establezca un marco estable y evaluable, así como un compromiso presupuestario sólido que garantice la dotación de recursos y personal en estos centros.
CSIF, ANPE, CCOO y UGT destacan que el objetivo de mejorar la equidad en los centros más complejos es fundamental. Sin embargo, advierten que, en ausencia de recursos estables, negociación genuina, y transparencia, el decreto podría quedarse en meros titulares. Si la Consejería no reconsidera su postura, las organizaciones han anunciado su intención de llevar a cabo un calendario de movilizaciones para exigir una norma realmente útil y financiada de manera sostenible.
Fuente: ANPE Andalucía.
