Apple ha tomado la drástica medida de suspender su servicio de encriptación avanzada en el Reino Unido frente a las presiones gubernamentales que exigían un acceso especial a la información de los usuarios. Esta medida forma parte de iCloud y se basa en una encriptación de extremo a extremo que protege archivos y copias de seguridad almacenadas en la nube.
El gobierno británico, mediante su Ley de Poderes de Investigación, ha solicitado a Apple que habilite un «backdoor» que permitiría el acceso a estos datos, una medida que no solo amenaza la privacidad de los usuarios británicos, sino que tendría impactos globales. Apple ha defendido históricamente su posición en contra de crear accesos de este tipo, argumentando que serían vulnerables a ataques de ciberdelincuentes y actores maliciosos.
La decisión de Apple ha dejado desprotegidos a los usuarios del Reino Unido al privarlos de una tecnología que garantiza la privacidad de sus datos. El controvertido enfoque del gobierno británico ha levantado alarmas a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, donde legisladores han expresado preocupación por un posible «ciberataque extranjero» mediante presiones políticas. Además, han cuestionado la posible permisibilidad de la legislación estadounidense, que otorga ciertos accesos a las agencias, ante este tipo de demandas.
Empresas como WhatsApp y Samsung, que también ofrecen encriptación de extremo a extremo en sus servicios en el Reino Unido, podrían enfrentar presiones similares. La comunidad tecnológica y los defensores de la privacidad esperan que estas compañías sigan el ejemplo de Apple en la defensa de la privacidad de los usuarios.
Aunque Apple ha indicado que la encriptación de otros datos se mantendrá intacta, la ausencia de esta capa de protección en los backups de iCloud representa una pérdida significativa para los usuarios británicos, dejándolos más expuestos a potenciales brechas de seguridad.
La postura firme de Apple se percibe como un baluarte contra presiones que tienden a debilitar la seguridad digital. Los defensores de los derechos digitales advierten que la demanda de «backdoors» es incompatible con derechos fundamentales y exhortan al Reino Unido a reconsiderar estas exigencias para que las empresas puedan seguir ofreciendo opciones de almacenamiento seguro en la nube.
