El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), una normativa que representa una renovación significativa del marco jurídico regional en términos de protección, prevención y control ambiental. Según explicó la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ante el Pleno de la Cámara andaluza, esta legislación busca adaptar la normativa autonómica a las transformaciones ocurridas a nivel europeo y estatal en las últimas dos décadas, sustituyendo la anterior Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
La LEGAM integra diversas reformas parciales y decretos de simplificación que se habían implementado desde 2019, consolidándolos en un texto coherente que ofrece a la Administración andaluza herramientas más ágiles y eficaces para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos del siglo XXI. La ley se alinea con los principios de eficiencia, transparencia y servicio público propugnados por el gobierno regional.
Este proyecto de ley fue desarrollado a través de un proceso colaborativo con agentes sociales y económicos clave de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios, y fue enmarcado dentro del Pacto de Diálogo Social firmado en 2023. El proceso incluyó un extenso período de participación en todas las provincias, con la colaboración de organizaciones agrarias, sindicatos, entidades empresariales, colegios profesionales y colectivos ambientales, lo que facilita la creación de órganos de consulta y canales de diálogo permanente en materia ambiental.
La nueva legislación no solo busca mejorar la seguridad jurídica, sino también agilizar los procesos administrativos reduciendo trámites y duplicidades, lo que garantiza un alto nivel de protección tanto para las personas como para el medio ambiente. Un objetivo central de la LEGAM es la prevención de impactos ambientales de proyectos y actividades, promoviendo medidas de compensación y la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones.
La Ley se estructura en 197 artículos repartidos en nueve títulos y contempla, entre otras novedades, la creación de una Estrategia Marco de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía. La norma también fomenta una mayor coordinación interadministrativa, al tiempo que instaura un Registro de Participación Ciudadana para reforzar la transparencia y permitir un acceso directo a los procesos de decisión ambiental.
En el aspecto local, la LEGAM introduce la Licencia Ambiental, que reemplaza a la Calificación Ambiental otorgada por los ayuntamientos, y simplifica el proceso para muchas categorías de actuaciones mediante la Autorización Ambiental Unificada Simplificada. Estas medidas buscan aligerar la carga administrativa de las corporaciones locales mientras que 21 categorías de instalaciones serán unificadas bajo un umbral común para una gestión más coherente.
Asimismo, la ley destaca por la simplificación de procedimientos y la reducción de plazos para los permisos ambientales, impulsando la seguridad jurídica y facilitando la inversión sostenible. La normativa también refuerza los controles, inspecciones y sanciones, introduciendo la figura de la prestación ambiental sustitutoria como una forma educativa y reparadora para los infractores.
Por último, la LEGAM incentiva la ecoinnovación, la tecnología eficiente y la economía circular, ofreciendo incentivos para tecnologías limpias y proyectos sostenibles, impulsando el desarrollo del empleo verde en la región. Con estas medidas, Andalucía se posiciona para liderar la protección ambiental garantizando un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
Fuente: Junta de Andalucía.
