El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la nueva Ley del Patrimonio de Andalucía, con el voto a favor del Partido Popular y la abstención de Vox. Esta normativa representa una actualización del marco jurídico que regula los bienes públicos de la comunidad autónoma, enfocándose en su ordenación, protección y puesta en valor. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha descrito la ley como una «reforma estructural y trascendental para el buen gobierno de Andalucía», subrayando su papel en la transformación de activos infrautilizados en motores de desarrollo.
La normativa se erige como una respuesta a la gestión desordenada que, según España, se heredó en 2019, transformando el patrimonio en una herramienta eficiente al servicio del interés público. Uno de sus principales avances es la simplificación de procedimientos y la introducción de instrumentos modernos de gestión, eliminando duplicidades y fomentando un uso más eficaz de los bienes públicos. Además, destaca la creación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial, que centralizará la información del patrimonio autonómico, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas.
La ley también incluye medidas para activar bienes en desuso y fomentar la colaboración institucional, permitiendo a las entidades locales proponer nuevos usos para inmuebles infravalorados. Se introduce la consulta de interés de mercado, involucrando a la sociedad civil y al tejido empresarial en la toma de decisiones sobre el patrimonio.
La sostenibilidad es un pilar fundamental de la ley, promoviendo la economía circular a través de la reutilización y reciclaje de bienes muebles obsoletos. Este enfoque se extiende a la gestión de edificios y el parque móvil de la Junta, buscando reducir gastos innecesarios y fomentar un uso óptimo de los recursos. Además, se establece un régimen sancionador específico para proteger el patrimonio público, reforzando la seguridad jurídica y los deberes de custodia.
Carolina España ha agradecido el esfuerzo de todos los implicados en el desarrollo de esta norma, destacando su rigor técnico e innovación, validados por el Consejo Consultivo de Andalucía. La ley, que reemplaza una legislación de 1986 obsoleta, se adapta a las exigencias contemporáneas de transparencia, eficiencia y sostenibilidad, marcando un hito en la gestión del patrimonio público en Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
