El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto que pone en marcha el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Baza. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, culmina el proceso de revisión y actualización de los principales instrumentos de planificación para este espacio natural protegido. La actualización busca adecuarse a la normativa vigente, así como a los estándares de la Red Ecológica Europea Natura 2000 y a las nuevas necesidades ambientales, sociales y económicas de la región.
Ubicado al este de Granada y limitando con Almería, el Parque Natural Sierra de Baza es una isla bioclimática en el Sistema Penibético. Declarado parque natural en 1989 y reconocido como Zona Especial de Conservación (ZEC) en 2012, el parque forma parte de la Red Natura 2000 desde entonces, desempeñando un papel esencial en las políticas europeas de conservación de la biodiversidad.
La nueva normativa sustituye a anteriores planes de 2004 y sus modificaciones posteriores, que habían quedado obsoletos. El desarrollo de esta nueva planificación se enmarca en el compromiso con la ley estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y sigue las directrices europeas en conservación, simplificación administrativa y transparencia. Los planes también actúan como Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Baza, integrando en un único marco normativo las diversas obligaciones de protección que afectan al territorio.
El Parque Natural Sierra de Baza cubre 53,636 hectáreas, abarcando los municipios de Baza, Caniles, Dólar, Gor y Valle del Zalabí. El 93% de su extensión es forestal, con una orientación conservacionista destinada a mitigar la erosión, prevenir la pérdida de suelo y asegurar la estabilidad de los ecosistemas. Además de la conservación, el parque acoge actividades tradicionales como la ganadería extensiva, la actividad cinegética, la recolección de plantas aromáticas, la apicultura y los aprovechamientos micológicos, que contribuyen al balance entre conservación y desarrollo sostenible.
La planificación mantiene la zonificación previa, ajustándola a los criterios de gestión actuales. Las áreas con mayor valor ambiental, que requieren especial protección por su singularidad y fragilidad, coexistirán con zonas forestales donde se permiten usos compatibles con la conservación, junto a áreas más transformadas y núcleos de población.
Un componente crucial de los nuevos planes es la identificación de prioridades de conservación, establecida por la normativa europea. Se enfoca en la flora local como el pino salgareño y pino silvestre, tejos, acerales, y tomillares de alta montaña, además de ecosistemas fluviales. También son prioritarias ciertas especies faunísticas de interés comunitario, sensibles a alteraciones ambientales.
Los planes incluyen elementos inéditos en la anterior ordenación, como la conectividad ecológica, servicios ecosistémicos, y el análisis del impacto del cambio climático sobre hábitats y especies vulnerables. La planificación busca mejorar la resiliencia y adaptabilidad de los bosques ante el cambio global, abordando desafíos como el decaimiento forestal y el riesgo de incendios.
La simplificación administrativa también es una prioridad, introduciendo un régimen de intervención ajustado a las exigencias europeas. El Plan Rector de Uso y Gestión propone un conjunto de medidas orientadas a conservar hábitats, mejorar la conectividad ecológica y avanzar en el conocimiento científico del parque y el impacto del cambio climático.
La implementación de estos planes se verá acompañada por un sistema de indicadores para evaluar su éxito continuo. El decreto aprobado deroga los instrumentos anteriores y establece un marco regulador coherente, alineado con la normativa estatal y europea. Se ha elaborado siguiendo principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contando con participación pública y consultas a agentes sociales e institucionales. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
