El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente, una iniciativa clave propuesta por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Ahora comienza el proceso parlamentario para su aprobación. Este proyecto busca reforzar la protección ambiental a través de la creación de cuatro cuerpos específicos de Agentes de Medio Ambiente: Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo. Estos cuerpos actuarán como policía medioambiental, con un estatuto jurídico bien definido, funciones y sistema de acceso claros, para consolidar un grupo profesional altamente cualificado y eficaz.
La normativa se alinea con las leyes autonómicas y estatales, especialmente con la Ley 4/2024, que pide a las comunidades adaptar su normativa en un plazo de un año. Asimismo, otorgará a estos cuerpos la condición de agentes de la autoridad y, en algunas circunstancias, de policía judicial, fortaleciendo así su papel en la vigilancia y custodia del medio ambiente.
El colectivo de Agentes de Medio Ambiente en Andalucía tiene una larga trayectoria que se remonta a los antiguos guardas forestales, integrándose en las estructuras autonómicas en los años ochenta. Ahora, se reestructura este cuerpo para adaptarlo a los desafíos actuales de protección ambiental. La nueva normativa detalla funciones específicas, como la vigilancia del medio natural, la investigación de incendios forestales y la gestión de espacios protegidos, fortaleciendo su papel en la aplicación de políticas ambientales de la Junta de Andalucía.
El proyecto propone una estructura organizativa que incluye cuatro cuerpos diferenciados: el Cuerpo Superior, el Ejecutivo, el Técnico y el Operativo, cada uno con funciones específicas. Se establece una jerarquía funcional que busca optimizar la eficacia del servicio y la planificación de las actuaciones, a la vez que facilita la carrera profesional del personal. También prevé la creación de áreas de especialización y un sistema formativo adaptado.
La ley regula la dotación de medios materiales y de defensa, la uniformidad y la señalización de los vehículos oficiales, además de garantizar la asistencia jurídica al personal. Refuerza las garantías laborales y la protección del personal, incluyendo medidas para la segunda actividad por razones de salud y un régimen disciplinario conforme a la normativa autonómica.
Finalmente, la norma deroga la regulación previa y modifica la Ley de Función Pública de Andalucía, comprometiéndose a desarrollar reglamentariamente los aspectos necesarios en un plazo de 36 meses. Ha seguido todos los procedimientos de consulta pública, transparencia y participación ciudadana, basándose en principios de igualdad de género e inclusión.
Fuente: Junta de Andalucía.
