La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, defendió recientemente en el Parlamento andaluz el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía, el cual logró superar con éxito el debate de totalidad. Durante su intervención, García destacó que esta nueva norma busca modernizar, simplificar y fortalecer la gestión forestal y la protección del patrimonio natural de la región. Mencionó el amplio consenso alcanzado, habiendo incorporado más del 70% de las alegaciones recibidas durante un proceso de participación sin precedentes.
García subrayó que el proyecto es el resultado de un esfuerzo colectivo prolongado, construido mediante la colaboración de diversas administraciones, profesionales del sector forestal, agentes sociales, universidades, organizaciones agrarias, asociaciones ambientales, entidades locales y ciudadanos. Este enfoque participativo ha permitido integrar la experiencia de décadas en gestión forestal y enfrentar con nuevas herramientas los retos ambientales contemporáneos.
La consejera explicó que actualizar el marco jurídico forestal era una necesidad reconocida desde hace muchos años, ya que la Ley Forestal de Andalucía de 1992 se había quedado obsoleta frente a los profundos cambios sociales, tecnológicos y ambientales de las últimas tres décadas. Resaltó que la nueva ley es capaz de ofrecer claridad, coherencia y seguridad jurídica, armonizando la normativa autonómica con la legislación estatal y abordando retos como el cambio climático, la innovación tecnológica y la despoblación rural.
Catalina García también hizo hincapié en el Plan Forestal Andaluz 2030, que ya había identificado la necesidad de una actualización legal, adaptando así la política forestal a una realidad más compleja y demandante. La nueva norma pretende ver los montes andaluces no solo como un recurso, sino como una parte esencial de la identidad y el equilibrio ecológico de la región.
El proyecto se ha estructurado en siete títulos, 144 artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias, ofreciendo un marco coherente para temas como la clasificación y gestión de montes, la conservación, la participación social y la prevención de incendios. Uno de los aspectos más destacados es el refuerzo de la colaboración con las entidades locales mediante convenios de gestión, lo que fortalecerá la cooperación con los ayuntamientos y reconocerá el papel crucial de los montes municipales.
Además, se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, destinado a reforzar la participación y la integración del conocimiento científico en la toma de decisiones. La ley también introduce el Registro de Montes Públicos de Andalucía, sustituyendo el antiguo Catálogo de Montes de Andalucía, y establece un régimen jurídico específico para montes demaniales y patrimoniales.
En el ámbito de la gestión forestal sostenible, la norma enfatiza la importancia de las ciencias forestales y la incorporación de herramientas innovadoras como la inteligencia artificial y la teledetección para monitorizar y anticipar riesgos. También promueve la educación y divulgación forestal para fortalecer el vínculo cultural y emocional de los andaluces con su territorio forestal.
El impulso a la bioeconomía rural es otro eje principal del proyecto, incentivando la valorización de recursos como la madera y el corcho para generar oportunidades económicas en el medio rural. En cuanto a incendios forestales, la ley incorpora medidas de prevención y restauración, incluyendo la selvicultura preventiva y el pastoreo extensivo como herramientas clave.
La nueva legislación también regulará los servicios ambientales de los montes, alineándose con las tendencias europeas de pago por servicios ambientales, lo que brindará un sistema justo que reconozca económicamente a quienes cuidan el territorio. Catalina García concluyó su intervención destacando que esta ley es un compromiso colectivo con la tierra, invitando a los grupos parlamentarios a unirse al Gobierno de Andalucía en esta iniciativa histórica para construir una ley sólida, duradera y compartida.
Fuente: Junta de Andalucía.
