El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de Vivienda de Andalucía, una normativa que busca facilitar el acceso a la vivienda mediante el incremento de la oferta de viviendas protegidas y accesibles. Esta ley se basa en cuatro pilares fundamentales: aumentar la oferta de viviendas de protección oficial (VPO) y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia asociada a los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, especialmente frente a fenómenos como la ocupación.
Rocío Díaz subrayó que la vivienda es un desafío común y destacó el compromiso con el diálogo y la búsqueda de consensos que ha caracterizado la elaboración de esta ley. Agradeció la participación de todos los grupos parlamentarios y agentes sociales, enfatizando que el diálogo no es una debilidad sino una fortaleza del Gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno.
Esta ley es la primera de vivienda aprobada por una comunidad autónoma tras la normativa estatal y, según Díaz, es diferente porque «en el Gobierno andaluz hemos escuchado y dialogado». Se busca reforzar las políticas iniciadas en 2019 para impulsar la oferta de vivienda protegida tanto en venta como en alquiler. Para ello, se establecen áreas prioritarias donde se detecten mayores dificultades para el acceso a la vivienda, incentivando la construcción y rehabilitación mediante colaboración público-privada.
Asimismo, la normativa apunta a equilibrar la oferta de vivienda en venta y alquiler, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Se creará un inventario único de viviendas públicas y se reforzará la rehabilitación de viviendas para mejorar calidad, eficiencia energética e hídrica. Además, la ley se centra en evitar la ocupación ilegal y proteger a los más vulnerables.
La nueva normativa integrará medidas urgentes del Decreto-ley vigente, con la excepción de aquellas de carácter temporal. Andalucía se convierte así en la primera comunidad en aprobar una ley completa y actualizada tras la normativa estatal, con la intención de corregir efectos como la subida de precios y la disminución de la oferta.
Finalmente, la Ley de Vivienda de Andalucía contribuirá a la simplificación administrativa al derogar varias leyes anteriores y resolver la dispersión normativa existente. Esta ley es el resultado de un amplio proceso de participación, habiéndose considerado más de 600 alegaciones, de las cuales se aceptaron el 80%. Durante la tramitación, se han incorporado propuestas de diversos agentes sociales, económicos y grupos políticos, reflejando un proceso inclusivo de elaboración normativa que busca beneficiar a toda la región.
Fuente: Junta de Andalucía.
