Los menores enfrentan cargos no solo por la presunta agresión sexual, sino también por un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, tras haber difundido imágenes del cruento acto. La difusión de estas imágenes, además de agravar la situación legal de los acusados, ha generado un fuerte rechazo social y plantea serias interrogantes sobre la protección de la identidad de las víctimas y el uso de plataformas digitales para propagar contenido ilegal y violento. La investigación sigue su curso mientras las autoridades tratan de determinar el alcance de la participación de cada menor involucrado en el incidente.
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