Antes del amanecer del 10 de febrero, la Fiscalía de Ecuador ejecutó un operativo en el que fue detenido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como parte de la investigación «Goleada», que lo vincula con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Junto a él, fueron arrestadas otras personas, incluyendo a dos de sus hermanos. Todos fueron trasladados a Quito para enfrentar una audiencia. Este es el segundo proceso judicial que enfrenta Álvarez, quien ya está involucrado en el caso «Triple A» por la presunta comercialización ilegal de combustibles. Su abogado, Ramiro García, sostiene que ambos casos tienen un trasfondo común de persecución política, argumentando que se ha adicionado el lavado de activos al anterior caso. En la madrugada, además, se llevaron a cabo decisiones significativas en el ámbito judicial, como la elección de un presidente temporal del Consejo de la Judicatura, en medio de conflictos internos. El panorama político ecuatoriano se muestra convulso y marcado por cuestiones de seguridad, justicia y corrupción, mientras Guayaquil continúa siendo una de las ciudades más violentas de la región, y el país permanece inmerso en una sensación de incertidumbre constante.
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