En un enfrentamiento que podría tener amplias implicaciones para el sector de las telecomunicaciones y más allá, AT&T ha lanzado una acusación contra Broadcom alegando que sus acciones están poniendo en riesgo la seguridad nacional y servicios públicos esenciales. La disputa se origina en torno a un desacuerdo contractual relacionado con VMware, una empresa que Broadcom adquirió en noviembre del año pasado por la considerable suma de 61,000 millones de dólares.
AT&T presentó una demanda el 29 de agosto en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, donde acusa a Broadcom de intentar incumplir contratos de soporte de software de VMware, previamente acordados. Según AT&T, Broadcom habría amenazado con dejar de proporcionar servicios de soporte cruciales a menos que se adquirieran productos adicionales valorados en cientos de millones de dólares, una exigencia que AT&T dice no estar dispuesta a aceptar.
La raíz del conflicto parece estar en la modificación drástica que Broadcom realizó tras la compra de VMware, reduciendo las líneas de productos de 8,000 a apenas cuatro paquetes y cambiando las licencias perpetuas por modelos de suscripción. AT&T sostiene que tiene derecho a renovar los servicios de soporte de acuerdo con una enmienda firmada en agosto de 2022, derecho que Broadcom supuestamente está intentando eludir.
El problema para AT&T es particularmente preocupante dado que la empresa proporciona servicios esenciales a entidades gubernamentales y de emergencia en los Estados Unidos, como la Oficina del Presidente y servicios de emergencia. Una interrupción en el soporte de VMware podría afectar a cerca de 8,600 servidores críticos, con consecuencias potencialmente desastrosas para millones de clientes.
El gigante de las telecomunicaciones también destaca las dificultades de migrar a otra plataforma tecnológica, un proceso que estima tomaría varios años y que subraya la gravedad de las implicaciones si Broadcom persiste en su negativa a proporcionar soporte.
Broadcom, por su parte, ha defendido su posición al afirmar que el cambio hacia un modelo de suscripción es una práctica estándar en la industria del software y ha enfatizado que estos cambios se gestaron antes de la adquisición de VMware. La empresa sostiene que discrepa fuertemente de las acusaciones y confía en prevalecer en el ámbito legal.
Sin embargo, la situación se ve agravada por un incremento aparentemente exorbitante en los precios de las licencias de VMware, que AT&T califica de «extremo». Un informe sugiere que Broadcom propuso un aumento del 1,050 % en estos costes, lo cual ha tensado aún más las relaciones entre ambas compañías.
A pesar de las dificultades, AT&T está explorando alternativas aunque reconoce que el costo de transición podría situarse entre 40 y 50 millones de dólares. La empresa cree que, a largo plazo, esta migración podría representar un alto retorno de la inversión dada la creciente carga financiera de seguir con las soluciones actuales de VMware.
El proceso judicial continúa en desarrollo y se espera que Broadcom responda formalmente a las acusaciones dentro de 20 días a partir de la fecha de la demanda. Hasta el 9 de octubre, Broadcom ha acordado seguir proporcionando soporte, con una audiencia preliminar programada para el 15 de octubre.
El desenlace de esta disputa legal podría establecer un importante precedente sobre cómo se gestionan las grandes adquisiciones tecnológicas y sus consecuencias para acuerdos contractuales preexistentes. Al margen del resultado, lo que está en juego no solo son significativas sumas de dinero, sino la integridad de servicios críticos que dependen de la infraestructura tecnológica de VMware, de la cual AT&T aún depende.
