Autorización de 12,3 Millones para 85 Plazas Residenciales para Menores Tutelados con Problemas de Conducta

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Autorización de 12,3 Millones para 85 Plazas Residenciales para Menores Tutelados con Problemas de Conducta

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la licitación de un contrato millonario para la creación de 85 plazas de acogimiento residencial en Andalucía, dirigidas a menores bajo la protección de la Junta que presentan graves problemas de conducta. La iniciativa, que será gestionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, contempla un desembolso total de 12,3 millones de euros.

Esta medida se organiza en cinco lotes que abarcan varias provincias: Almería contará con 24 plazas, Cádiz con 16, Córdoba con otras 24, y Málaga dispondrá de 22 plazas. Se tiene previsto que el contrato tenga una duración de 24 meses, comenzando a partir del 1 de abril de 2026. El financiamiento del servicio se dividirá en tres partes anuales hasta alcanzar el total anunciado.

El servicio, que funcionará bajo la fórmula de concierto social, se llevará a cabo en centros especializados en la protección de menores. Estos centros aplican programas de intervención terapéutica para abordar problemas de conducta severos, asegurando que se satisfagan las necesidades de protección de los menores y lo que dicte una evaluación psicológica especializada.

La atención a estos menores requiere un enfoque que tenga en cuenta sus necesidades particulares, con el objetivo de ayudarles a normalizar su comportamiento y fomentar su integración social. Estos centros, de ámbito regional, ofrecen una especialización superior frente a los recursos terapéuticos provinciales, dado que atienden a menores que afrontan problemas de salud mental graves tras haber vivido situaciones de adversidad severa.

Para que un menor sea acogido en uno de estos centros, el juzgado de Primera Instancia de la ubicación del centro debe autorizar el acogimiento. Esto se considera una medida de último recurso, centrada en proporcionar al menor un entorno propicio para su educación, normalización de conducta, posible reintegración familiar, y pleno desarrollo personal, siempre dentro de un contexto estructurado y con programas educativos específicos.
Fuente: Junta de Andalucía.

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