Un tribunal federal ha dado un duro golpe al gobierno estadounidense al desestimar su intento de archivar una demanda crucial por incumplimiento de la Ley de Privacidad. Esta acción legal, impulsada por los sindicatos American Federation of Government Employees (AFGE) y la Association of Administrative Law Judges (AALJ), surge a raíz de la preocupante exposición de datos personales sensibles de millones de empleados federales y solicitantes de empleo al «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE), dirigido por Elon Musk.
En el núcleo del litigio se encuentra una grave acusación: la divulgación no autorizada de información privada, que abarcaría números de seguro social, historiales médicos, datos financieros e información de familiares. La Corte ha confirmado que los demandantes han recibido un «daño concreto», lo que les confiere el derecho a continuar con el proceso legal. Según el tribunal, la revelación de tales datos inflige una intromisión «altamente ofensiva» en la privacidad de los afectados y aumenta el riesgo de hackeos y robo de identidad.
El gobierno defendía que sin demostrarse el uso indebido de la información por parte del DOGE, no había fundamento para alegar daño. Sin embargo, la Corte rechazó rotundamente esta noción, enfatizando que la mera exposición de datos a terceros no autorizados representa una infracción suficiente de la ley.
El fallo permite a los demandantes avanzar con alegaciones múltiples, no solo relacionadas con la divulgación inoportuna, sino también con la falta de medidas adecuadas de protección de datos. El tribunal incluso abrió la puerta a reclamaciones de que el gobierno había actuado de manera «arbitraria y caprichosa», señalando que el proceso de implantación del DOGE fue apresurado y falto de seguridad.
Este veredicto resuena en un momento crítico donde la protección de datos personales está en el centro del debate público, dado el contexto tecnológico actual. La reciente revelación podría ser una de las violaciones más significativas de la Ley de Privacidad desde su introducción en 1974, un eco de la necesidad persistente de proteger eficazmente la información sensible contra el uso indebido.
Con la denuncia de estas prácticas, los sindicatos buscan no solo justicia para sus miembros, sino también un cambio sistémico en cómo se maneja la información personal a nivel federal. Esta demanda no es solo un paso en la protección de derechos individuales, sino un recordatorio de las obligaciones gubernamentales para salvaguardar la confianza de sus ciudadanos en un mundo cada vez más digitalizado.
