Este año, el Congreso de Estados Unidos ha tomado el centro de atención al impulsar una serie de legislaciones bajo la bandera de la «protección infantil en línea». Estas propuestas han desatado un debate encarnizado, ya que podrían representar una amenaza significativa para la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión en internet. Entre las medidas más controvertidas destaca la implementación de verificaciones de edad invasivas que aplicarían tanto a adultos como a menores, otorgando a las empresas tecnológicas y autoridades gubernamentales un grado de control sin precedentes.
En el transcurso del año, se han puesto sobre la mesa cerca de veinte propuestas federales provenientes de legisladores de ambos partidos políticos. A pesar de prometer mejoras en la seguridad en línea, estas iniciativas han sido percibidas por muchos como un paso hacia la vigilancia generalizada y la censura digital. Esto, sin embargo, ha encontrado una oposición robusta que ha logrado frenar, al menos temporalmente, el avance de dichas medidas.
Entre los desafíos más prominentes se encuentra el Kids Online Safety Act (KOSA), presentado originalmente en 2022. Esta ley potencialmente habilitaría a la Comisión Federal de Comercio a demandar aplicaciones y sitios web que no implementen restricciones adecuadas para el acceso de menores a ciertos contenidos. Críticos de la ley sostienen que KOSA amenaza los derechos de expresión y privacidad, poniendo una carga desproporcionada sobre las plataformas para anticiparse a una larga lista de riesgos potenciales.
Otra propuesta polémica es el GUARD Act, que exigiría a los chatbots de inteligencia artificial la verificación de la edad de los usuarios, prohibiendo su uso por menores de edad. Este acto legislativo podría resultar en la recolección de datos sensibles y restringiría el acceso de los adolescentes a herramientas digitales necesarias para su desarrollo.
Ambos proyectos, el KOSA y el GUARD Act, son reflejo de una tendencia preocupante en el ámbito legislativo: en vez de priorizar la seguridad y privacidad de los jóvenes en línea, se aboga por un marco legal fundamentado en supuestos cuestionables. Estas normativas no solo buscan segmentar la internet por edades, sino que también otorgan al estado la potestad de decidir qué contenidos deben ser accesibles, promoviendo un entorno donde la censura y la vigilancia pesan más que el derecho a la privacidad.
Las medidas propuestas benefician principalmente a grandes corporaciones tecnológicas y a proveedores de verificación de edad, en detrimento de comunidades y plataformas más pequeñas. Este año ha sido escenario de una notable resistencia contra estos proyectos, pero la contienda está lejos de finalizar. Activistas y organizaciones permanecen firmes en su compromiso por rechazar la verificación de edad en línea, defendiendo un internet más abierto y seguro. La participación ciudadana se erige como un componente vital en la defensa de los derechos digitales para el futuro que se avecina.
